17 de octubre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El gobierno aprueba in extremis el plan Moves de movilidad sostenible

Serán apenas 45 millones de euros que no hacen sino maquillar su imagen “ecologista” ante la opinión pública, una cifra a todas luces ridícula para las necesidades del mercado.

El objetivo con el que se lanza es incentivar la compra de vehículos alternativos e instalar infraestructuras de recarga de coches eléctricos, pero la operativa será escasa.

A finales de 2017, el Gobierno destinó 50 millones de euros con el Plan Movalt para incentivar la movilidad sostenible y los 20 millones de euros de los fondos destinados a la adquisición de vehículos alternativos junto con los15 millones que se dedicaron a la instalación de infraestructuras de recarga se agotaron en 24 horas.

El Plan Moves destinará importes de ayudas para la adquisición de vehículos que oscilan entre los de 700 euros para las motos eléctricas y los 15.000 para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa, ha detallado el Ministerio de Transición Ecológica. Las ayudas para comprar turismos eléctricos se sitúan en torno a 5.000 euros, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Al mismo tiempo se exigirá que los fabricantes, importadores de vehículos o puntos de venta ofrezcan un “descuento mínimo de mil euros en la factura”, excepto para las compras de cuadriciclos y motos.

Con esto, según el ministerio, los “potenciales beneficiarios de la ayuda estatal contarán con un incentivo adicional para apostar por la movilidad sostenible”.

Las ayudas oscilarán entre los 700 y los 15.000 euros

Los incentivos para vehículos de gas se reservan para camiones y furgones, ya que las alternativas eléctricas no cuentan con el suficiente desarrollo. En concreto, las bases del llamado Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES) serán reguladas por un real decreto que ha sido aprobado este viernes en Consejo de Ministros.

Los fondos del plan se destinarán también al desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y llevar a cabo las medidas recogidas en los planes de transporte a los centro de trabajo. Además se habilitará una línea adicional de 15 millones de euros que estará destinada a apoyar “proyectos singulares de movilidad sostenible” en ciudades Patrimonio de la Humanidad, municipios con altos índices de contaminación o ubicados en islas, así como iniciativas de innovación en electromovilidad, ha explicado el ministerio.

Respecto a los puntos de recarga eléctrica de vehículos eléctricos (públicos y privados) y a los sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, las ayudas serán de un 30 % o un 40 % del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario, para lo que se establecerá un límite de 100.000 euros.

El programa también fija un límite de 200.000 euros de ayuda por beneficiario para la implantación de planes de transporte a los centros de trabajo con una ayuda del 50 % del coste subvencionable. Estas ayudas podrán ser cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y serán incompatibles con otras ayudas de cualquier otra administración que tengan la misma finalidad, ha apuntado la cartera de Transición Ecológica.

Posibles beneficiarios de las ayudas

Podrán beneficiarse de las ayudas del plan MOVES los autónomos, personas físicas, comunidades de propietarios, empresas privadas, entidades locales y las entidades públicas vinculadas a ellas, las administraciones de las comunidades autónomas y otras entidades públicas de la Administración General del Estado. Ambos programas de ayudas los coordinará el IDAE y serán gestionados por las comunidades y ciudades autónomas, que deberán hacer convocatorias en sus respectivos territorios.

El criterio de reparto de consensuará en la Conferencia Sectorial de Energía, órgano de coordinación entre el Ministerio de Transición Ecológica y las administraciones autonómicas en materia energética. El presupuesto asignado a cada comunidad o ciudad autónoma deberá repartirse entre las distintas actuaciones recogidas en el real decreto. Así, deberá dedicarse entre un 20 % y un 50 % a la adquisición de vehículos alternativos; y entre un 30 % y un 60 % a la implantación de infraestructuras de recarga.

De este último porcentaje, un mínimo del 50 % ha de dirigirse a puntos de recarga rápida o ultrarrápida, ha añadido. La implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas puede suponer ente un 5 % y un 20 % del presupuesto asignado y el apoyo a planes de transporte en centros de trabajo pueden contar hasta un 10 %.

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