13 de diciembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Una "ministra" de Podemos se juega ser inhabilitada por una riña con la Policía

Yolanda Díaz, que figura en las quinielas del nuevo Consejo de Ministros, tiene una cuenta pendiente con la Justicia por, presuntamente, atentado contra la autoridad en una manifestación.

Ministra de Trabajo. A Yolanda Díaz el cargo no le suena nada mal. La diputada gallega de Unidas Podemos figura en las quinielas para ocupar la cartera que ahora lleva Magdalena Valerio y ella se deja querer. Es un área que siempre ha llevado en el Congreso así que está familiarizada. 

Y, en cualquier caso, sea en Trabajo o en otro ministerio, la que fuera portavoz de En Marea en el Congreso la pasada legislatura es de las diputadas mejor situadas para acompañar a Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros. 

Pero hay un asunto que le ronda, y no precisamente menor, puesto que puede acabar en inhabilitación, según los precedentes. Yolanda Díaz tiene una cuenta pendiente con la justicia por los incidentes ocurridos durante una manifestación de los trabajadores de Alcoa en las inmediaciones del Congreso que se produjo el pasado 28 de marzo.

Según el atestado, en el transcurso de la protesta los diputados de Unidas Podemos Rafael Mayoral, Antón Gómez-Reino, Yolanda DíazÁngela Rodríguez azuzaron a los manifestantes para que se saltaran el cordón policial. Como resultado se produjo una carga. Los agentes identificaron a los diputados aunque no fueron detenidos, y después los denunciaron por atentado contra la autoridad. 

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles, abrió diligencias y citó a los cuatro a declarar. Pero, a pesar de estar las Cortes disueltas por las elecciones de abril, el grupo parlamentario de Unidos Podemos blindó a Mayoral, Gómez-Reino y la propia Díaz como aforados incluyéndolos en la Diputación Permanente del Congreso.

Así no perdían en ningún momento su condición de diputados y únicamente tendrían que responder ante el Tribunal Supremo. Y después, los morados repitieron operación cuando las Cortes volvieron a disolverse a finales de septiembre con motivo de la repetición de los comicios.

Los incidentes. Detrás del policía que está en primer término se ve a Yolanda Díaz.

 

El atestado es muy contundente. En el caso de Díaz, los policías la acusan de "incitar" a los manifestantes, tirar las vallas y empujar a los agentes, interponiéndose entre ellos y los trabajadores. 

La versión de Yolanda Díaz es que en el tumulto se cayó involuntariamente sobre una valla policial y por eso la tiró. Según la ministrable, la Policía miente: "Lo que hicimos fue tranquilizar a los trabajadores e intentar mediar con la Policía", señaló en su día. Rafael Mayoral, por su parte, llegó a denunciar una "persecución política y a pedir la comparecencia del ministro del Interior al respecto. 

Es a la juez instructora a la que le corresponde la decisión de elevar el caso al Supremo o no, pero dada la situación política aún no la ha tomado. "De momento no tiene sentido hacer nada más que esperar (...). La juez no va a hacer nada hasta que se constituyan las Cortes y se forme Gobierno", explican fuentes oficiales de la Audiencia Provincial de Madrid a este periódico. 

Las mismas fuentes se quejan de que, en todo este tiempo, los diputados investigados no se han dirigido en ningún momento al Juzgado de Instrucción número 25 para aclarar que son aforados. Ni para eso ni para nada.

¿Tiene visos de llegar a puerto esta causa? Es difícil de prever, pero el atestado de los agentes es contundente y su palabra tiene presunción de veracidad, según recuerdan fuentes judiciales a este periódico. 

Isabel Serra, cuyo caso está en el TSJM. 

 

Existe un caso similar en el que está involucrada, curiosamente, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Isabel Serra, aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

En enero de 2014 participó en una protesta contra un desahucio que acabó con varios investigados por los delitos de desórdenes públicos, atentado contra agente de la autoridad y daños. Los que no eran aforados fueron condenados a año y medio de cárcel (sin antecedentes no entran) y el mismo tiempo de inhabilitación para cargo público. 

En el caso de Serra, se declaró competente la Sala de lo Civil y Penal del TSJM al ser aforada. El tribunal está a punto de emitir el auto de apertura de juicio oral. El caso de Díaz tardará un poco más, aunque no tiene tan fácil escapatoria. En juego está, incluso, su inhabilitación, si el caso prospera y acaba en sentencia firme. 

Comenta esta noticia
Update CMP