22 de enero de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Susana Díaz sale al rescate de Chaves y Griñán con presiones al tribunal

La expresidenta andaluza se suelta el pelo y salta al auxilio de sus mentores con un mensaje dirigido al tribunal que les juzga por graves delitos, a escasa fechas de que emita sentencia.

Susana Díaz es hija política de Chaves y Griñán, pero durante meses ha estado de perfil para que sus juicioes, y por extensión todo el escándalo de los ERES y la formación en Andalucía, no le perjudicara. Pero ha sido perder la Junta y recuperar sus viejas fidelidades, justo en el momento decisivo.

A punto de conocerse tal vez la sentencia, que puede concluir con inhabilitaciones históricas e incluso con penas de prisión, la ahijada de los dos expresidentes andaluces ha salido en tromba en su defensa, con un mensaje que constituye una presión en toda regla al tribunal que juzga su caso.

"Son dos hombres honestos a los que se les ha investigado todo y a los que no se les ha encontrado absolutamente nada porque no había nada", dijo en la noche del lunes en RNE, apelando a una opinión supuestamente "compartida por mucha gente" y arguyendo, como prueba de su inocencia, que "a veces hay que distinguir entre quien viene a la política a enriquecerse y quien ha dado toda su vida y al final vive de su pensión, en su casa de siempre".

 

En cualquier caso, Susana Díaz ha lamentado que la sentencia del caso ERE, llegue cuando llegue, "llega muy tarde" porque "hay un dolor que ha sido injusto". "La Justicia tiene que ser más rápida en España para todo", ha recalcado la socialista justificando que es eso necesario "para que la gente crea en la justicia, para que quien lo haga lo pague, y para que quien no lo haya hecho, no vea su honor dañado de esta manera porque no tiene reparo". "Lo que han sufrido ya no tiene arreglo", ha lamentado.

La red andaluza

 Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñan, junto a otros 20 exaltos cargos del Gobierno andaluz, llevan meses en el banquillo de los acusados, para hacer frente a una dura acusación por prevaricación y malversación. 

En concreto, por crear y mantener durante más de una década, de 2000 a 2011, un sistema que repartió 855 millones de euros en ayudas para empresas y prejubilados, fuera de los controles administrativos que regulan el uso del dinero público; el caso de corrupción más colosal de la historia de nuestro país, si así lo acaba certificando la Justicia en una sentencia firme.

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