El Protectorado avala que era privada la Fundación de la visita del Papa

Las declaraciones de miembros del citado Protectorado de la Generalitat Valenciana en el juzgado de Instrucción número 5  han cuestionado la postura del ministerio fiscal y de la abogacía de la Generalitat por la constitución y liquidación de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. El Protectorado de Fundaciones es el organismo que tiene como competencias velar por la legalidad en la constitución y funcionamiento de las fundaciones. 

La causa investiga  delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones de contratos durante los actos organizados en julio de 2006.  Y la clave se centra en determinar el carácter público o privado de la V Encuentro -donde participaron la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia, además del Arzobispado- y, en consecuencia, si los contratos de la Administración con ella se efectuaron o no legalmente.

Los miembros del Protectorado que han declarado el viernes anulan la tesis de que la Fundación V Encuentro fuese pública. De esta forman se unen al testimonio del Jefe de servicio de entidades jurídicas y fundaciones Francesc Gamero (Compromís) a principios de semana, quien corroboró la condición de privada de la fundación y, por tanto, la  corrección en la contratación de todas las partidas que, por la fundación dirigida por la iglesia de la diócesis, organizó la vista.

Los miembros del protectorado que han declarado, altos funcionarios y magistrados de la carrera judicial, han confirmado que cuando se constituyó y se inscribió la Fundación como de carácter privado no tuvo oposición ni informe que cuestionara esa condición por parte del propio Protectorado y de sus servicios jurídicos. En todo el tiempo del proceso de contratación conservó esa condición, en tanto que expresamente nunca la misma fue modificada ni discutida, según fuentes del caso.

El que fuera presidente de la Audiencia provincial de Valencia y, durante la visita del Papa, secretario autonómico y conseller de Justicia y Presidente del Protectorado, Fernando de Rosa; y la ex secretaria autonómica de Justicia y magistrada Patricia Montagut, han cuestionado que la Fundación fuera constituida para evitar los controles de contratación administrativa que en 2006 fijaba la norma de contratación, según diferentes fuentes consultadas

Sin embargo, la versión ofrecida a la juez esta semana por Teresa Clemente, significada representante de la Agencia Antifraude, discrepó con la mantenida por el ex número dos de Mónica Oltra y actual secretario autonómico de la conselleria de Hacienda, Francesc Gamero.

Curiosamente,  el enfrentamiento entre las opiniones jurídicas de ambos cargos del tripartito se produce años después de que sucesivamente ocuparan la jefatura de servicio de Entidades Jurídicas que tenía la responsabilidad y competencia de informar sobre la condición de pública de la Fundación promovida por la Iglesia. No consta que en su día pusieron reparo alguno al  Protectorado ni a las administraciones públicas que participaron en la misma.

Clemente, quien fuera señalada en su condición de jurista informante del protectorado como responsable de la supuesta dejación de funciones y falta de diligencia por el Interventor del IGAE perito de la Fiscalía Falomir, ha declarado como testigo y no como imputada, pese al referido informe al que ha tenido acceso ESdiario, al no existir petición  ni de la Fiscalía Anticorrupción ni la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación.

Por el contrario, el ministerio fiscal ha pedido ahora la imputación de Eusebio Monzó, ex secretario autonómico de Justicia y patrono designado por la Generalitat en la Fundación. Monzó llevó a cabo la liquidación de dicha Fundación impulsada por el Consell en 2014 tras los informes favorables de la Abogada de la Generalitat María José Alfonso, de la Intervención General de la Generalitat y del propio Protectorado de Fundaciones. Monzó fue portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia la pasada legislatura .