Caso PGOU: Alegan maniobras policiales y manipulación de las grabaciones

El ex alcalde de Alicante pide la anulación de las escuchas y equipara la vulneración de derechos fundamentales a su cliente “como si las pruebas se hubiesen conseguido bajo tortura”

Las  actuaciones sobre el presunto amaño del PGOU de Alicante podrían acabar con la anulación de las escuchas telefónicas. No son pocos los que hablan de falta de diligencia o incluso actuaciones más que cuestionablres por parte de la  policía y los fiscales en la investigación de los hechos.

Estas grabaciones son el principal baluarte en el argumentario de la acusación, que ha sentado en el banquillo de la Audiencia Provincial a los exalcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, junto al empresario Enrique Ortiz. El abogado defensor del exalcalde Alperi, Vicente Grima, ha denunciado esta mañana “maniobras policiales y manipulación en las grabaciones”, que se habrían dirigido para inculparle en el presunto amaño del PGOU de la ciudad y con la intención de vincular este asunto al ‘Caso Brugal’. El letrado ha remarcado la antijuridicidad de las escuchas y destaca la vulneración de las competencias judiciales, para privar al acusado de su derecho a ser juzgado por un juez predeterminado por la ley.

La defensa ha alegado en su intervención que la acusación a Alperi está fundamentada en falsedades y sustentada por un gran cúmulo de irregularidades. Señala la ocultación de la negativa de las autorizaciones de escuchas -que ya había denegado un juzgado de Alicante-, la vulneración del derecho de defensa, por no comunicarle su condición de investigado y el incumplimiento de las competencias judiciales –territorial, objetiva y funcional-, por llevar a Orihuela un asunto ocurrido presuntamente en Alicante, y porque Alperi era diputado autonómico cuando se le incluyó en la causa y tanto el fiscal como la policía lo obviaron en sus informes de investigación.

Grima ha relatado las presuntas irregularidades cometidas por el juzgado de instrucción de Orihuela en las diligencias iniciales, como la autorización de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía, sobre las que ha solicitado su nulidad. Cabe recordar que la Sección Séptima de la Audiencia anuló esas escuchas del sumario en la sentencia definitiva –susceptible de recurso- dictada el pasado diez de junio sobre la causa que dio origen a este juicio, el conocido como ‘Caso Brugal’.

Pruebas manipuladas

El letrado de Alperi se ha referido a las pruebas presentadas en el juicio, basadas o conseguidas a raíz de las escuchas telefónicas, como “indicios obtenidos con vulneración de derechos fundamentales, a partir de unas grabaciones que se han declarado manipuladas". A su juicio, no pueden ser considerados indicios habilitantes, y ha hecho la siguiente equiparación, tan descriptiva como "sorprendente". Es como si una investigación se hubiese seguido a partir de una declaración obtenida mediante la "tortura", ha argumentado Vicente Grima.

En la sesión de hoy, los abogados de Ortiz y Alperi han reclamado la anulación de las escuchas telefónicas –base fundamental para la parte acusadora- por vulnerar varios principios generales del derecho y transgredir los derechos fundamentales de sus representados. La defensa de Sonia Castedo ya solicitó la semana pasada que se acordase la nulidad de los pinchazos telefónicos y subrayó varios ejemplos de vulneración de sus derechos.

Anular las escuchas y ‘ni mu’ de su retractación

El empresario Enrique Ortiz, presunto beneficiario del supuesto amaño del Plan General, también reclama la anulación de las escuchas, aunque no ha dicho nada acerca de su paso atrás en la conformidad acordada en abril con el Ministerio Fiscal. Ortiz aceptó dos años de cárcel a cambio de declararse culpable. A una semana del juicio dio marcha atrás, después de que la sala de la Audiencia Provincial con sede en Elche anulase todas las escuchas que dieron inicio al ‘Caso Brugal’ y absolviera a los 34 acusados el pasado diez de junio. La estrategia de defensa del empresario pasa por decretar nulas también estas escuchas, al tratarse muchas de ellas de los mismos archivos, conseguidos sin las convenientes autorizaciones.

Ahora su abogado, Francisco Ruiz Marco –representante de la acusación particular en el caso Sala- sostiene la inconstitucionalidad de las autorizaciones judiciales que dieron pie a las escuchas telefónicas. Ruiz Marco ha relatado que “hay toneladas de jurisprudencia sobre que la primera decisión de una causa no puede ser la intervención de las comunicaciones telefónicas”, como se hizo en la fase de investigación de este procedimiento. Además, el letrado de Ortiz ha hecho referencia a la sentencia del ‘Caso Brugal’ para referirse a que los audios de las grabaciones estaban manipulados, es decir, que habían sido editados, con el consiguiente montaje posterior de palabras y frases que no se corresponden con la realidad.

El empresario Enrique Ortiz ha llegado a la Audiencia Provincial en solitario, y se ha encontrado con su letrado en la misma plaza del edificio judicial. Tranquilo, con talante sonriente –aunque con mascarilla, por lo que no se le ha visto el gesto-, el industrial alicantino no ha hecho declaraciones a los periodistas, aunque se ha mostrado confiado y ha recorrido el tramo hacia la entrada con paso firme y planta segura.


Anulación de las conformidades

La defensa de Javier Gutiérrez y José Luis Castedo -hermano de Sonia Castedo-, el bufete Salvetti Abogados, ha pedido la anulación de todas las conformidades acordadas por algunos de los acusados con el Fiscal. Argumentan que pueden perjudicar al resto de encausados que no se han adherido, por llevar implícita una carga incriminatoria contra ellos, ya que las declaraciones de acusados como el promotor ilicitano Ramón Salvador no solo se implica a él mismo, sino que atribuye al bufete del hermano de Castedo algunos hechos delictivos que ellos niegan haber cometido.

La causa sobre el Plan General de Alicante es una de las ramas que fueron derivadas del 'caso Brugal';, en la que se juzga si el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, pudieron beneficiar al empresario Enrique Ortiz durante la redacción del nuevo Plan General urbanístico de la ciudad a cambio de dádivas en forma dinero en efectivo, favores a terceros o de regalos personales.

Modificación del calendario

Por la actual situación de reajuste en la celebración de procedimientos judiciales, el tribunal ha modificado el calendario de sesiones. La magistrada presidenta de la sala ha incluido una sesión más para el próximo 17 de julio, donde la fiscalía y las acusaciones contestarán a las alegaciones de los abogados defensores. El Fiscal y los abogados de la acusación particular –ejercida por el Ayuntamiento de Alicante- y la acusación popular –en manos del abogado de EU- tendrán que dar
respuesta principalmente a las peticiones de anulación de pruebas obtenidas a raíz de las escuchas telefónicas, que las defensas piden apartar de la causa, alegando que fueron obtenidas con vulneración de derechos fundamentales.

El juicio se reanuda el 23 de septiembre con las declaraciones de los acusados. El resto de sesiones previstas para septiembre se han trasladado de fechas por coincidencia con otras vistas, quedando fijadas para los días 2, 6 y 16 de octubre, donde se procederá a la práctica de las pruebas testificales. Está acordado –según ha adelantado el abogado de José L. Castedo- que entre los testigos preste declaración el empresario Ángel Fenoll, recientemente absuelto por el ‘Caso Brugal’, que ha estado conectado con esta causa por las escuchas telefónicas y la anulación de las mismas.

 

Comenta esta noticia