Pumpido y el PSOE sí sabían cómo purgar fiscales y que pareciera un accidente

Salvo sorpresa, gran sorpresa, podemos adelantar esto: dentro de un año el Tribunal Supremo confirmará, sin ampliarla, ni reducirla, la sentencia contra Urdangarin y Torres.

Esta es la impresión fundada que procede del Alto Tribunal, alguno de cuyos magistrados piensa que el trabajo realizado en Baleares por las tres jueces ha sido, literalmente: “Un gran trabajo, serio y riguroso, impecable y de acuerdo con lo usos jurídicos más acreditados”.

Esta impresión parece compartirla el Gobierno que además anticipa: “No queda duda de que, tras la próxima sentencia, el Supremo enviará a Urdangarin a la cárcel”. O sea, a cumplir condena. ¿Cuál?: la misma que le han impuesto las tres magistradas baleares.

Estos días los técnicos que trabajan en el Ministerio de Justicia han estudiado si la decisión sobre el exduque de Palma puede calificarse de excepcional o incluso tiene tufo de “discriminación positiva”, un doble término que resulta en sí mismo contradictorio pero que es un eufemismo que disimula lo que debe llamarse estrictamente: enchufismo o trato de favor.

Pues bien la conclusión, una vez estudiados no menos veinte procedimientos, otros pariguales casos judiciales, es que la sentencia está perfectamente ajustada a derecho, y que como asegura un alto cargo de Justicia: “Se ha hecho lo que toca”.

Naturalmente al fiscal Pedro Horrach, que pedía para Urdangarin una condena similar (19 años) a la de cualquier asesino múltiple de ETA, la sentencia le ha sentado como un tiro en su argumentación profesional y la va a recurrir horas antes de desprenderse de las puñetas e irse -lo cual no tiene por qué ser reprochado- a ganar dinero como abogado.

Horrach está desolado, furioso y más lenguaraz que nunca, tanto por lo menos como su antiguo amigo, hoy enemigo a duelo, el juez instructor José Castro, un sujeto que ha sufrido la mayor decepción de su vida al no pasar como el gran vengador que condujo a la Familia Real a las mazmorras.

En España, desde hace tiempo, ya no tiene ninguna virtualidad aquella costumbre de que los jueces sólo hablan a través de sus sentencias

La facundia y la falta de contención de los susodichos curiosamente ya no llama la atención en un país en el que, desde hace tiempo, ya no tiene ninguna virtualidad aquella costumbre de que los jueces sólo hablan por sentencias y los fiscales por sus peticiones. España, también en el caso, se asemeja quizá a Somalia.

Horrach desde luego, no se llevará alegría alguna con la reacción del Supremo cuando ya dentro de un año visite los juzgados como defensor y no como acusador público. Horrach, como tantos otros fiscales de estos días, no parecen entender a qué se dedican y a qué les obliga su propia condición profesional. Los fiscales se someten voluntariamente al principio de jerarquía por lo cual no pueden quejarse de que tengan que obedecer a su superior.

A Horrach le ha importado una auténtica higa que su jefe, el fiscal superior de Baleares, haya declarado que no ve “elementos suficientes de prisión para Urdangarin”; es decir, lo mismo que han decidido las tres magistradas de Palma de Mallorca. El mediático fiscal, por lo demás, se ha declarado en rebeldía con los imputados de Valencia y ha estallado después de que el tribunal les declarara inocentes.

Otra vez la "pena de telediario"

Otro recurso al canto antes de convertirse en letrado. Horrach, claro, no se pregunta quién restaña ahora el honor, la dignidad y el hasta lucro cesante del que adjetivó, como si fuera un periodista de sucesos: “El clan valenciano”. Aquí en España un pobre hombre -pobre mujer también seamos correctos con las feministas- que termina como no culpable tras un largo calvario en el que ha sido condenado de antemano como totalmente chorizo, pasa desapercibido como si nadie, ni jueces, ni fiscales, ni naturalmente los medios de comunicación, tuviéramos que pedirle perdón por la cacería a la que le hemos sometido.

España no es que se haya cargado la presunción de inocencia, es que ha establecido la certeza de la culpabilidad.

Fíjense en el dato aterrador: la pasada semana fue archivada la causa contra un antiguo concejal del Ayuntamiento de Valencia investigado, o sea jodido (perdónese el casticismo) por el caso de los mil euros. Sí: la grandísima corrupción que cometieron Rita Barberá y sus ediles blanqueando mil euros para las arcas de su partido.

Barberá se ha muerto después de ser brutalmente linchada por este episodio, linchada incluso por los suyos, y ¿ahora qué?, ¿qué ocurrirá cuando los demás concejales, que ya han recurrido, vista la suerte de su compañero, también queden “archivados”? Pues nada, sucederá lo mismo que con el concejal citado: ni una sola línea en periódico alguno de España. Ni una.

España no es que se haya cargado la presunción de inocencia, es que ha establecido la certeza de la culpabilidad. O más aún, el delito de pensamiento, que es el que atribuyen al todavía presidente de Murcia los fiscales de la región. Un dislate venezolano, vamos.

En este presidio abierto que es España los únicos que nunca responden ante nadie son los jueces y los fiscales. No responden, no, porque las actuaciones del Consejo General del Poder Judicial cuando analiza los comportamientos impropios de los profesionales de la Justicia, casi siempre, por no decir siempre, son pellizcos de monja.

El caso del presidente de Murcia

Ahora, lo he escrito, los fiscales de Murcia echan las patas arriba porque al parecer han sido presionados de continuo por no se qué gobierno y al coro de la revolución se apunta un partido como el PSOE en el que milita la abogada que ha promovido la causa contra el presidente murciano. Da igual que esta señora sea la esposa bendecida del fiscal que se queja de insoportables chantajes; da igual, lo trascendente es que el fiscal ha sido enviado con sus folios a otra parte.

Eso sí, la mayor parte del país no se conmueve ante el hecho de que el sustituto del mencionado sea ¡nada menos que el fiscal que ha promovido otros casos, como el del Auditorio, contra Pedro Antonio Sánchez! 

El Consejo Fiscal ha puesto el grito en el cielo eso sí, tras designar al fiscal sustituto de Murcia con una mayoría de seis votos sobre un total de doce, tres en contra y tres abstenciones.

El Consejo, como toda la Fiscalía, está dominado por la tiranía sectaria de los discípulos de Cándido Conde-Pumpido, aquel que observaba con el mayor de los descaros que “a veces hay que mancharse las togas de barro” y que promovió, él sí, una purga descomunal poblando todas las fiscalías de España de afiliados de la Unión Progresista de Fiscales, siempre obedientes a la orden de Pumpido, ahora aspirante al Tribunal Constitucional incluso con los votos del Partido Popular.

Pumpido articuló con éxito una “recolocación ideológica”, o sea la invasión directa de las fiscalías de algún miembro progresista de la Unión, 250 entre los 5.400 que existen España. Por cierto, este Consejo Fiscal no había dicho una sola palabra, se calló como un muerto, cuando el Gobierno de Zapatero desoyó clamorosamente su opinión y nombró fiscal general a un Conde-Pumpido que no había obtenido en la votación correspondiente y no vinculante ¡NI UN SOLO VOTO!

Estos progresistas y otros que habitan en medios y en juzgados ahora se irritan porque Urdangarin no esté ya entre rejas. Ellos habían dictado sentencia de antemano. Pero, y ¿las jueces de Palma? “Unas pobres chicas sin demasiada experiencia que han sucumbido ante el poder de la Corona”, copia literal de un digital español. Como lo digo.