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Los ERE vuelven y salpican al tercer presidente socialista tras Chaves y Griñán
Habrá que ver en que lugar pone Iglesias ahora el listón ético del Gobierno. Reaparece la corrupción endémica del PSOE andaluz con un nuevo juicio con vip en el banquillo.
Al gobierno bonito 2.0 de Pedro Sánchez le vuelve a aparacer el viejo fantasma de la corrupción endémica del PSOE. Los ERE regresan con un nuevo vip socialista en el centro de la polémica, el tercer presidente andaluz tras los condenados Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El nuevo juicio salpica a su antecesor en el Palacio de San Telmo, José Rodríguez de la Borbolla.
El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado tres autos de apertura de juicio oral contra 17 personas, entre ellos Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta de Andalucía, investigado en tres piezas separadas del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE).
En estas piezas se investigaron las ayudas a Calderinox, Novomag Manufacturas Metálicas y a un grupo de empresas vinculadas al corcho, -como son Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera--, figurando entre los investigados, además del hermano de de la Borbolla, el exdelegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, el exdirector general de Trabajo de la Junta Daniel Alberto Rivera y el alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), el socialista Sotero Martín.
En el auto relativo a este último grupo de empresas del corcho, el magistrado abre juicio oral y tiene por formulada la acusación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos contra seis investigados, como presuntos responsables penales, y contra las empresas referidas y una entidad bancaria en calidad de responsables civiles subsidiarios.
En este sentido, el juez requiere a los acusados y responsables civiles subsidiarios para que, en el plazo de un día, presten fianzas que oscilan entre 601.012 y 11.000.000 euros, todo ello a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles, advirtiéndoles de que, en caso de no prestar las fianzas impuestas, "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar" las sumas señaladas.
El Ministerio Público, en su escrito de acusación, considera que los seis investigados son responsables de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, por lo que ha solicitado para Rodríguez de la Borbolla la pena de 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; así como el pago de distintas indemnizaciones a favor de la Junta de Andalucía.
