El Gobierno se posiciona con Torra en su desafío a la ley por el confinamiento

El Gobierno se ha posicionado junto a Torra en su intento de confinar la zona de Lérida más castigada por el rebrote de coronavirus y lo hace a pesar de que el Juzgado de Instrucción 1 de la ciudad rechazase ratificar el confinamiento anunciado por el Gobierno catalán. La vicepresidenta Carmen Calvo ha sido la encargada de desvelar la postura del Ejecutivo que ha alentado un recurso, a pesar de que siempre se reafirma en que no comenta ni se inmiscuye en decisiones judiciales.

Y es que, Calvo esta vez discrepa de la "interpretación" de la juez, según ha señalado en una entrevista en RNE, y ha recordado que ya se han "visto pronunciamientos diferentes" en situaciones similares, por lo que ha ha desvelado que mantuvo una conversación con el vicepresidente Pere Aragonés para animar al Gobierno catalán a recurrir la decisión judicial.

Torra desobedece a la juez y mantiene un estado de alarma ilegal en Lérida

 "Yo se lo dije al vicepresidente Aragonés. Ese auto habría que recurrirlo y habría una línea de trabajo bastante buena, puesto que la Generalitat tiene competencias para determinar decisiones de movilidad que no requiere la alarma", ha sostenido.

Aún así ha querido puntualizar, después de que Quim Torra, anunciase un decreto para reafirmar las medidas adoptadas en Lérida, de dudosa legalidad según la Fiscalía, que las comunidades autónomas "pueden legislar siempre que no invadan competencias del Estado".

"Ninguno, ni el Gobierno de la nación ni las comunidades autónomas, podemos rebasar los límites de la constitucionalidad. Todo lo que se cumpla está en su ámbito. Ayer se produce la emisión de una norma que vimos a última hora y en todo lo que esté alineado con sus competencias no hay nada que decir", ha apostillado, refrendando así la postura del presidente catalán de confinar a la población.

Además, la vicepresidenta se ha escudado en "informes" de la Administración General del Estado para sustentar su argumento, que carecen, según dice de "opinión política", sino que se basan en el "rigor jurídico" para apoyar así las decisiones de Torra.

De hecho, lo que pretende el Gobierno con esta decisión es evitar un nuevo estado de alarma, algo que para Calvo "son palabras mayores" dejando en manos de las comunidades el control de los rebrotes, ya que, a su juicio, tienen instrumentos eficaces para pararlos, aunque durante semanas sostuviesen lo contrario.

Con todo, Calvo ha dejado claro que poner fin al estado de alarma "no significaba" que la epidemia hubiese finalizado en España. Por eso, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno está en "alerta máxima continua" y que dará la respuesta sanitaria con las posibilidades legales a su alcance.

Calvo condiciona la mesa de diálogo a que se entiendan entre los socios

Por otra parte, la vicepresidenta también ha hecho referencia a la reunión de la llamada 'mesa de diálogo', condicionándola a que los dos socios de gobierno, ERC y Junts per Catalunya, resuelvan primero sus diferencias.

"El Govern de Cataluña tiene dos partidos distintos, y uno de ellos, que impulsó la mesa está en la tesitura de sentarnos pronto. Pero el otro está en una dirección no afín a esa posición. Cuando parezca que hay acuerdo para sentarnos, nosotros nos sentamos", ha señalado.

"Lo hemos dicho de verdad. Mientras hemos atravesado el estado de alarma parecía que no era el momento, pero ahora tendremos que convivir con la normalidad política que nos obliga por convicción al dialogo y encontrar acuerdos y sentarnos en una mesa en el momento que se plantee", ha sentenciado Calvo.