Las alegaciones de Ortiz no consiguen frenar el Catálogo de Protecciones

el constructor Enrique Ortiz es el propietario del 70% del terreno urbanizable de Alicante

el constructor Enrique Ortiz es el propietario del 70% del terreno urbanizable de Alicante

Ocho empresas del constructor alicantino motivan la falta de publicación del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico en la web municipal, lo que impide su conocimiento para alegaciones

El informe de los servicios jurídicos municipales del Ayuntamiento de Alicante concluye que "la omisión de la publicación en la página web del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico sería, en todo caso, un defecto no invalidante, sin consecuencias de nulidad, y sin que haya quedado acreditado que haya causado indefensión". Los letrados argumentan que toda la información relacionada con el catálogo ha estado a disposición de cualquier persona interesada por otros canales, como por ejemplo la posibilidad de su consulta en dependencias municipales, entre otras.

Ocho empresas vinculadas al promotoralicantino Enrique Ortiz presentaron alegaciones al Catálogo de Protecciones por la carencia de documentos en la página web municipal, con el objetivo de impedir su aprobación, prevista para esta mañana de miércoles. Esas alegaciones provocaron que la comisión convocada este martes tuviese que ser aplazada, y se ha celebrado esta misma mañana, justo antes del pleno extraordinario que aprueba el catálogo con 25 votos a favor 8PP, Cs, PSOE y Compromís) y 4 en contra (Vox y Podemos)

El constructor alicantino es propietario de alrededor del 70% del suelo urbanizable de la capital.

Los servicios jurídicos de esas ocho mercantiles expusieron en sus objeciones que el Ayuntamiento no había difundido el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico entre la información que se había publicado en la página web municipal, lo que habría impedido su consulta para la formulación de alegaciones. Esa omisión constituiría, según los abogados de Ortiz, un vicio. Por ese motivo, estiman que debería anularse todo el procedimiento de exposición pública, es decir, que toda la propuesta decayese por la caducidad de su documento de alcance, lo que obligaría a iniciar de nuevo un proceso de redacción y elaboración que podría demorarse más de un año. 

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