El juicio a Trapero examina la resistencia del Supremo a la presión de Moncloa

¿Resistirá el Tribunal Supremo la presión del Gobierno, la "desjudicialización" prometida por Sánchez a Junqueras y la tutela de la nueva Fiscal General, Dolores Delgado? Todo ello se pone a prueba desde este mismo lunes, fecha prevista para determinar las consecuencias penales del desafío independentista  en su segundo gran juicio.

Tras la condena, el pasado mes de octubre, por parte del Tribunal Supremo al líder de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y a casi otra docena de implicados, a penas de entre 9 y 13 años de prisión por delitos de sedición y malversación, ahora le toca el turno a la trama policial del golpe de Estado en Cataluña del 1 de octubre de 2017.

En este caso será la Audiencia Nacional la responsable de juzgar a los demás implicados en el procés. En el banquillo de los acusados se sentará el que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, José Luis Trapero, como principal acusado. Le acompañan sus exjefes políticos, Pere Soler y César Puig, así como y la intendente Teresa Laplana.

Los tres primeros se enfrentan a una petición fiscal de 11 años de cárcel por rebelión, mientras que la cuarta está acusada de sedición y podría ser condenada a cuatro años de prisión. Sin embargo, la sentencia del Supremo podría hacer variar las peticiones de la Fiscalía en este primer día de juicio.

Junqueras: "Una puta mierda, no engañamos: el procés terminará en independencia"

El Ministerio Público hizo públicos sus escritos de acusación para los líderes del 'procés', tanto los procesados en el Supremo como en la Audiencia Nacional, el mismo día y en ellos se siguió igual criterio para todos: lo que ocurrió en Cataluña en el otoño de 2017 se corresponde con un delito de rebelión.

La carga de trabajo en la Audiencia Nacional quiso que el juicio del Supremo se celebrara un año antes que el de los mandos de los Mossos y que sus conclusiones se hicieran públicas con tres meses de antelación. La sentencia del tribunal que presidió Manuel Marchena fue unánime y estimó que los hechos fueron constitutivos de un delito de sedición, descartando así la tesis de Fiscalía y apostando por la que defendió la Abogacía del Estado.

Una vez se publicó la sentencia, los ojos se dirigieron hacia la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero tanto sus responsables como la fiscal general del Estado, María José Segarra, no hicieron ningún adelanto acerca de cuál será la acusación que se sostendrá durante el juicio.

La defensa de Trapero presentó un escrito en la Audiencia Nacional en la que reclamó que la Fiscalía aclarara los términos de su escrito de conclusiones provisionales, pero desde el Ministerio Público sólo dejaron claro que tendrían en cuenta las "reflexiones y decisiones" de la sentencia del Supremo y que, de hacer alguna modificación, se haría una vez empezara la vista oral.

Fuentes de la defensa del mayor de los Mossos consultadas por Europa Press han explicado que no harán ninguna nueva petición al comenzar el juicio porque ya quedó clara su postura con ese escrito, así que esperarán a que se pronuncie el fiscal.

Cooperó de forma "decisiva, consciente e intercionada"

El Ministerio Público considera que Trapero, Puig, Soler y Laplana cooperaron de forma "decisiva, consciente e intencionada" con los líderes independentistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería catalana de Economía como durante el referéndum ilegal del 1 de octubre.

En su opinión, los acusados promovieron una "inacción y dejación de funciones" de los Mossos que permitiera a los líderes independentistas alcanzar sus objetivos, ya que entiende que Puig, Soler y Trapero, "cada uno desde su cargo y responsabilidad, se sumaron al plan secesionista poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial".

A Laplana se le juzgará por su actuación durante el asedio a la Consejería de Economía, donde se estaba produciendo un registro judicial, cuyos responsables no pudieron salir del edificio hasta el día siguiente por la concentración de unas 40.000 personas. 

No permitir el referéndum

Además de declarar en periodo de instrucción en la Audiencia Nacional, Trapero ya ha dado su versión ante los tribunales con respecto a estas acusaciones. Fue en el juicio del 'procés', donde declaró en calidad de testigo durante cuatro horas en las que defendió que sus órdenes a los agentes a su cargo nunca fueron dirigidas a permitir el referéndum independentista.

También aseguró que desde dos días antes de esa convocatoria, los Mossos ya habían previsto un plan por si era necesaria la detención de Puigdemont y que se puso a disposición del fiscal superior de Cataluña y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Como ya habían declarado previamente otros mandos de los Mossos, Trapero contó al tribunal del 'procés' que días antes del referéndum había convocado a Puigdemont, Junqueras y Forn a dos reuniones en las que les avisó de que, si seguían adelante con la votación, podía haber "desórdenes públicos". Los magistrados dieron toda credibilidad a esta versión, pues así lo reflejaron en su posterior sentencia.

Además, defendió la actuación de los mossos durante el 1-O, afirmando que la magistrada del TSJC les había pedido "paciencia, contención y garantizar la paz social" y que el dispositivo para impedir el referéndum era responsabilidad de tres cuerpos policiales, no sólo de uno. También remarcó que los Mossos no cuentan con dispositivos suficientes para enfrentarse a "dos millones de personas" que preveían que saldrían a votar.

"Nos hubiese encantado que hubiese habido más resultados. Hubo los que pudimos entre todos. Iba a haber dos millones de personas queriendo hacer algo y unos 15.000 policías para impedirlo en cumplimiento de un mandato judicial. Por lo tanto, podía haber riesgo de problemas de orden público", manifestó el mayor durante su comparecencia.