Los letrados tumban la enmienda antidesahucio de Echenique y ERC por chapucera

Como sucedió antes con la Ley de Libertad Sexual de la ministra Irene Montero -devuelta por Justicia por sus numerosos defectos de forma-, a Podemos sus prisas y sus maniobras mediáticas para apropiarse de las iniciativas del gobierno de coalición le han jugado una mala pasada. Y han vuelto a retratar al portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, y a sus asesores en el Congreso por su falta de rigor jurídico y parlamentario.

Los letrados de la Cámara Baja han tumbado las polémicas enmiendas antidesahucios a los PGE impulsada por Podemos y acordada -a espaldas del PSOE- con Esquerra y Bildu. Una enmienda que provocó el último cisma en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez.

En realidad son dos las enmiendas contra los alzamientos en domicilio presentadas por Unidas Podemos, y las formaciones que lideran Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurúa que han sido incluidas por los juristas del Congreso de los Diputados en un listado de iniciativas cuestionables ya que consideran que no regulan materias puramente presupuestarias.

Los letrados de la Comisión que asesoran a los miembros de la Ponencia advierten en un escrito que las dos iniciativas vinculadas a los desahucios -las número 3.788 y 3.789-, que también impiden cortar los suministros básicos como agua, luz y electricidad, "pretenden regular materia que con arreglo a la jurisprudencia constitucional podrían no ser materia presupuestaria".

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Pese a todo, la Mesa de la Comisión de los Presupuestos, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, no descartó dicha enmienda, aunque tampoco fue incluida en el dictamen, donde sí entraron 45 iniciativas y, por tanto, se discutirá a partir de este martes en la citada comisión parlamentaria.

El número tres del PSOE, José Luis Ábalos, este lunes tras la reunión de la ejecutiva federal.

Cabe recordar que Echenique, Rufián y Aizpurúa pactaron estas dos enmiendas para suspender los desahucios hasta diciembre de 2022 y para impedir los cortes de luz, agua y gas durante el estado de alarma, y confiaron en que el PSOE se sumase a esta iniciativa.  Sin embargo, la vicepresidenta Nadia Calviño, mostró su rechazo y reclamó a Podemos "no crear conflictos" al Gobierno.

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Este lunes, el número tres del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha mostrado también sus dudas del "encaje presupuestario" de la enmienda de su socio, pero ha asegurado que espera "avanzar" esta semana en esta cuestión dentro del trabajo del Ejecutivo.

"Esta semana es mi idea que podamos avanzar en paliar la cuestión de los desahucios", ha anunciado Ábalos, en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva del PSOE este lunes en su sede de Madrid, descartando en todo caso un nuevo decreto en el Consejo de Ministros de esta semana: "Todavía ni siquiera se han reunido los equipos de trabajo", ha dicho.

Ábalos, que ostenta la responsabilidad de Vivienda en el Ejecutivo, ha dicho que hay "previstas reuniones de los equipos del Gobierno" y ha enmarcado estas negociaciones en el marco de la prórroga de la moratoria vigente y "a nivel técnico, en el ámbito del Gobierno, no a nivel político" ni parlamentario.

Para el ministro de Transportes, "lo conveniente sería extender" esta prohibición, que afecta hasta el 31 de enero, a aquellos casos derivados de situación de dificultad a partir de la pandemia, pero se ha mostrado dispuesto a ampliarlo a casos de "personas en situación de vulnerabilidad que era previa al estado de alarma".

"Estamos abiertos a mejorar estas situaciones y no nos importaría revisar la extensión de la imposibilidad de desahuciar a situaciones anteriores", ha afirmado, señalando que este trabajo se puede realizar "sin necesidad de una enmienda".

"Dentro del Gobierno hay ámbito y posibilidad de llegar a un acuerdo, como hemos llegado en la elaboración de este decreto (la actual moratoria antidesahucios) o en el acuerdo de precios de alquiler", ha dicho.

Respecto a la prohibición expresa de desahuciar sin alternativa, ha insistido en la necesidad de esa alternativa y en la necesidad de que las comunidades autónomas, como administraciones con competencia en materia de vivienda, puedan ofrecerla.

Para ello, ha reivindicado la ampliación del Plan estatal de vivienda, y la dotación en los propios Presupuestos para financiar estas partidas. En todo caso, ha reconocido que es posible "afinar aún más" para evitar este tipo de desalojo, si bien ha reivindicado que "siempre tiene que tener título que dé seguridad jurídica a estas situaciones".