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El PP premia con un cargo de prestigio al que fue su azote político
El PP ayuda a aupar al ex portavoz socialista en Les Corts como Defensor del Pueblo valenciano. Luna, que denunció a Camps por los trajes, trabajó para el polémico empresario Enrique Ortiz.
El actual Síndic de Greuges en funciones, Ángel Luna, será nombrado por los tres grupos del Botànic y el Partido Popular nuevo Defensor del Pueblo valenciano para cubrir la vacante dejada por José Cholbi, que finalizaba mandato.
La elección del Síndic de Greuges por el pleno de Les Corts Valencianes requiere de un apoyo de dos tercios del pleno (66 diputados), que no sumaban los tres grupos del Botànic, pero sí con el apoyo del grupo popular.
La propuesta del que fue portavoz socialista en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, resulta chocante, ya que ha requerido el apoyo del Partido Popular hacia un político que constituyó un auténtico azote contra los populares en casos tan mediáticos como el de los trajes contra el ex presidente Francisco Camps o el caso Gürtel y que, por otra parte, ha sido cuestionado en los tribunales en varias ocasiones por sus polémicas compañías .
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana instruyó una causa contra el entonces síndic del PSPV a raíz de una querella presentada por seis diputados autonómicos del PP, que no prosperó al ser declarada en 2010 la prescripción del presunto delito de cohecho, y por tanto acordado el sobreseimiento y el archivo de la misma.
En esta ocasión el objeto se trataba de unas presuntas irregularidades en el pago de la reforma de su vivienda y el regalo de un vehículo, un Audi A6, que supuestamente le hizo el conocido empresario alicantino Enrique Ortiz, quien fue condenado a 15 meses por el mencionado caso Gürtel. El auto fue del magistrado Juan Climent, con lazos de amistad con destacados cargos socialistas valencianos.
La anécdota de la piedra en las Cortes Valencianas quedará en la historia del parlamentarismo. Luna lanzó una pequeña piedra desde la tribuna.
Luna, que fue alcalde de Alicante, también fue denunciado en 2011 por el PP tras mostrar en una sesión del Parlamento autonómico un informe policial bajo secreto de sumario sobre supuestas irregularidades en el gasto público durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.
