19 de noviembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

La dura pena ratificada para Chavés y Griñán le cae como una losa a Susana Díaz

En plena precampaña de las andaluzas los expresidentes y una veintena de exaltos cargos han visto cómo la Fiscalía mantiene la acusación por prevaricación y malversación en el caso ERE.



Definitivamente Susana Díaz no se librará de la larga sombra del caso de los ERES durante las próximas semanas, pues su juicio se reactivado este lunes para afrontar su recta final en la Audiencia de Sevilla. Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñan, junto a otros 20 exaltos cargos del Gobierno andaluz, han al banquillo de los acusado, para hacer frente a una dura acusación por prevaricación y malversación.

En concreto, por crear y mantener durante más de una década, de 2000 a 2011, un sistema que repartió 855 millones de euros en ayudas para empresas y prejubilados, fuera de los controles administrativos que regulan el uso del dinero público; el caso de corrupción más colosal de la historia de nuestro país, si así lo acaba certificando la Justicia en una sentencia firme.

En la sesión de este lunes, la Fiscalía Anticorrupción ha ratificado las acusaciones que formuló contra Chaves, Griñán y otros exaltos cargos, entre los que figuran Magdalena Álvarez y Gaspar Zarrías, y ha retirado los cargos que pesaban sobre Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda.

Tras diez meses de juicio ha llegado el momento clave en el que las partes expondrán sus conclusiones en informes finales sobre la responsabilidad de los 22 acusados en la creación y mantenimiento del sistema de los ERE.

En sus escritos provisionales, el Ministerio Público y las acusaciones populares solicitaron 10 años de inhabilitación por prevaricación para Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exdirector de Presupuestos Antonio Lozano, el exviceconsejero José Salgueiro, el exsecretario de Hacienda Antonio Estepa y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.

Para Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el exinterventor general Manuel Gómez, reclamaron seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Por los mismos delitos pidieron ocho años de prisión y 30 de inhabilitación para los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez; los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román; los exdirectores de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete y los exsecretarios de Empleo Javier Aguayo, Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez.

Todas las defensas mantienen la inocencia de sus clientes y piden la absolución, unos defendiendo la legalidad del sistema -amparándose en normas varias, su conocimiento por el Parlamento y la inexistencia de alerta del Interventor de riesgo de menoscabo de fondos públicos- y otros negando su competencia para decidir cómo se daban las ayudas o "cortar el grifo".

En caso de cambios por parte de la Fiscalía, algunas defensas pedirán suspender el juicio para estudiarlos y responder en sus conclusiones, si bien el tribunal está decidido a cumplir el calendario y acabar el juicio a finales de noviembre, coincidiendo todas esas sesiones, por tanto, con la campaña electoral en Andalucía.

Por si fuera poca la ‘contraprogramación’ de juicio de los ERE para la campaña electoral de Susana Díaz, Chaves y Griñán comparecerán en unos días en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos del Senado

Tras las conclusiones, las partes expondrán sus informes finales, más extensos, en los que argumentarán según lo visto en el juicio por qué mantienen sus acusaciones y defensas, una exposición para la que el fiscal prevé que necesite tres o cuatro sesiones y el PP-A un par de ellas ya que las acusaciones deben acreditar los indicios de delitos que ven en cada uno de los 22 procesados.

Posteriormente será el turno de las defensas, cada una centrada en su cliente, y tras ello el tribunal dará a los acusados un turno por si quieren ejercer el derecho a una última palabra.

La mayoría ha adelantado que seguirán las instrucciones de sus abogados y no es previsible que muchos hagan uso de este derecho, aunque algunos, como el interventor, podría decir algo.

Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia en una fecha muy próxima a las Elecciones Autonómicas del 2 de diciembre, y el tribunal se retirará a deliberar para dictar un fallo que tardará meses en conocerse.

Por si fuera poca esta ‘contraprogramación’ para Susana Díaz, Chaves y Griñán comparecerán los próximos días 15 y 22 de noviembre en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos en el Senado.

 

 

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