Buscan locales en Barcelona para poner las urnas por miedo a acabar en la calle

Será una de las claves para el fracaso del referéndum ilegal. Tanto Ada Colau y su equipo de Barcelona en Comú, como los representantes del PSC coinciden en que el Ayuntamiento de Barcelona, como institución, no se debe prestar a la celebración ilegal de una consulta. Tampoco ceder sus locales o instalaciones municipales, ni facilitar la información del censo, entre otras cosas, porque incurrirían en un delito corporativo, al margen de las responsabilidades individuales.

La alcaldesa de la Ciudad Condal, que ya se desmarcó de la última reunión convocada por Carles Puigdemont con los miembros del llamado Pacto Nacional por el Referéndum, no está dispuesta a que el Consistorio se preste, con o sin voluntarios, a un referéndum ilegal y sin garantías.

La valiente decisión del alcalde de Lérida, Angel Ros, ha reactivado el frente constitucionalista

La decisión oficial deberá tomarla el Pleno; bien a través de alguna iniciativa presentada por un grupo municipal o directamente la alcaldesa planteando la iniciativa.

Si el Ayuntamiento más importante en Cataluña, el de Barcelona, da la espalda al Gobierno catalán y a sus ilegales intenciones, el proceso y la organización del 1 de octubre quedará herido de muerte.

Siempre es posible buscar locales de la Generalitat, pero no todos tienen las garantías suficientes. Incluso algunos se plantean, en condiciones mucho peores que el 9N, colocar mesas de votación en mitad de la calle, algo que siempre descartan, por irrisorio, desde el Ejecutivo catalán.

El alcalde de Lérida, Angel Ros, el primer alcalde de capital que hace frente a Puigdemont.

Barcelona, en caso de continuar haciendo frente a una consulta ilegal, se uniría a la decisión ya tomada y votada por el Ayuntamiento de Lérida, que ha sido el primer Consistorio importante en decir no a los planes de Puigdemont. En la capital ilerdense se rechazó el martes una propuesta del grupo municipal de Crida-CUP que pedía la participación del Ayuntamiento en la celebración y organización del 1 de octubre.

Con los votos en contra del PSC, C’s y PP, la propuesta fue rechazada y el alcalde de Lérida, Ángel Ros (PSC), aseguró que es la ley la que permite o no votar, “no un alcalde”. En este sentido, Ros insistió en respetar los marcos legales existentes y confirmó su negativa a ceder espacios municipales para llevar a cabo el referéndum.

Todo ello se une a otra cuestión que puede afectar al bolsillo de los organizadores y del que pronto habrá un importante precedente. 

El Tribunal de Cuentas, a instancias de una denuncia de diversas asociaciones, está instruyendo una causa de “responsabilidad contable” contra Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega que busca hacerles responsables de los 5,2 millones de euros que costó el 9-N.

Un precedente para el presidente catalán, Carles Puigdemont y su Gobierno, que presentó unos presupuestos que incluyen otros 5,8 millones para hacer la consulta del próximo 1 de octubre.