Trapicheo parlamentario para matar la ley del juego

José Muñoz

José Muñoz

El parlamento valenciano suma una nueva página de filubusterismo político en la que el trilero del juego no es quien parece.

Sería del todo irreverente, por el tema a tratar, que apostara a que la que la ley del juego que debate les Cortes Valencianes no verá finalmente la luz. La legislatura pasada ya quedó sobre la mesa y en la presente lleva camino de quedar bloqueada en los tribunales por un "error procedimental" tras aprobarse. 

Un conocido y polémico asesor de la patronal del juego ha mantenido que entre los socialistas existen discrepancias respecto al texto que ha liderado José Muñoz, el secretario de organización del PSPV.

Sea como fuere, existen datos objetivos:

1.-La antigua sede del PSPV, en la calle Blanquerías, fue comprada a muy buen precio, unos 6 millones de euros, por una empresa del sector hotelero y que también tiene intereses en el sector del juego. El anuncio de la venta lo realizó en 2017 el que era portavoz del partido y presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

 

2.-El PSPV-PSOE propuso, en pleno estado de alarma, que el texto fuera debatido con una urgencia inusitada, como si la legislatura, que acaba de empezar, fuera a finiquitarse. Tales han sido las prisas con las que se propuso y aprobó que el último trámite, el de la votación, se  sustanciará a través de los portavoces de los grupos utilizando el voto ponderado, mientras el resto de diputados permanecen confinados en sus domicilios. Un sistema que, según diferentes informes jurídicos, no sería legal. Por ello, la votación prevista el martes quedó aplazada.

Sin entrar en la candidez de la mayoría de los diputados del parlamento que han quedado retratados en este proceso, lo cierto es que el jueves se votará, 48 horas después del debate de la ley, por sistema telemático. Y todo apunta a que este método elegido por los defensores de la ley llevará a que el texto acabe en los tribunales por supuesto incumplimiento del reglamento de las Cortes. 

El enfado del letrado mayor de la Cámara, el experimentado Francisco J. Visiedo, en la junta de portavoces era monumental. Los grupos le han pedido un informe sobre la legalidad o no del voto telemático. También el portavoz socialista, Manolo Mata, aparentó estar molesto con el proceso y llegó a proclamar en un exceso de actor que el Tribunal Superior de Justicia no es nadie para paralizar la ley. Un comentario respondido por la sindica de Vox, Ana Vega, quien expresó que será un juez y no les Cortes ni ningún portavoz parlamentario quien decidia sore la legalidad de la cuestión que se plantea.  ¿Qué problema existe para que la ley se apruebe por el pleno de las Cortes, ya sin el estado de alarma, aunque haya que posponerse un mes? 

Hay quien traslada malévolamente que el síndic del PSPV ha hecho un doble trabajo para "matar" la ley. O, lo que es lo mismo, la ley del juego se aprobará con la mayoría con que cuenta  el Botànic pero, al mismo tiempo, habría allanado el camino para que el acuerdo sea bloqueado en la justicia.

El bueno de José Muñoz, Podemos y Compromís, sin abrir el campo de su mirada, reducen la polémic a una campaña de presión de la patronal del juego,  un lobby que se está 'jugando' centenares de millones.

Lo que parece claro también es la falta de visión de diputados, que siguen sin percatarse de que han caído en un doble juego. La ley no será recurrida por lo que propone, sino por la falta de pericia de aquellos que la apoyan.

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