El injusto linchamiento de Pablo Casado, una mala noticia para la democracia

La información sobre las circunstancias en que el dirigente del PP Pablo Casado obtuvo su título universitario de Derecho es antigua, de hace quince años, y ya generó entonces una cierta controversia. Que ahora haya resucitado, sin ninguna novedad, avala la sensación de que en esta historia hay mucho más que una simple búsqueda de la verdad.

En unos tiempos en que los tribunales ordinarios quedan, a efectos públicos, superados por lo jurados populares de la calle, las redes sociales y los medios de comunicación; laminar la reputación de cualquier dirigente político o de toda condición no resulta muy difícil. Y precisamente por eso, es exigible imponerse las máximas cautelas.

España se está convirtiendo en un enorme jurado popular que cada día necesita echar a a alguien a la hoguera

Y no parece que se hayan tenido en el caso que nos ocupa. A Casado, cuyo nombre apreció junto al de Cifuentes entre los participantes en el ínclito máster de la Universidad Rey Juan Carlos, le acusan de manera anónima de haber tenido unos supuestos privilegios que, en resumen, le permitieron terminar la carrera sin hace esfuerzo, en tiempo récord y por presiones políticas. Un regalo, sin más.

Una acusación tan grave, con eventuales consecuencias jurídicas incluso pero desde luego públicas del máximo impacto, debe venir soportada desde el primer momento por fuentes reconocibles, documentación fiable y pocas o ninguna conjetura.

La hoguera diaria

Eso siempre, y en cualquier momento, pero especialmente en uno de desquiciamiento general que empieza a convertir España entera en una inquietante especie de gran Tribunal de honor en el que cada día se prende fuego a una hoguera en nombre de la democracia, la transparencia o la decencia para degradar todas ellas en realidad.

Casado ha enseñado toda la documentación, su centro universitario ha negado los hechos y explicado al detalle todos sus procedimientos y, finalmente, los acusadores no aportan prueba alguna y actúan desde un anonimato tan sospechoso como lamentable e injustificable o desde un ámbito político inocultable.

Si malo son los políticos deshonestos, peor es colgar esa etiqueta a cualquiera de ellos sin cumplir los requisitos probatorios imprescindibles cuando está en juego la imagen, la carrera y la integridad de una persona, cargo público o no, pero especialmente en el primer caso, pues obviamente es a ellos a quienes la opinión pública les pide cuentas casi en exclusiva.

Colgar sin razón la etiqueta de deshonesto a un político es tan perjudicial como sufrir a políticos deshonestos de verdad

Ni aunque al final se demostrara que Casado recibió un regalo en forma de título, algo que parece improbable con sus explicaciones y las de su centro educativo, perdería validez la necesidad de extremar los controles de calidad de la democracia moderna frente a las múltiples distorsiones interesadas que pueden alterarla de una manera peligrosa.

El dedo acusatorio no es un indicio de higiene democrática ni mejora el Estado de Derecho ni perfecciona la ascendencia del ciudadanos sobre sus políticos; sino una manifestación poco edificante de un fenómeno bien distinto, el del linchamiento, que desde tiempos inmemoriales define a las sociedades poco avanzadas.

¿Alterar la democracia?

Y aunque el PP tiene tras de sí suficientes escándalos como para suscitar poca comprensión, la concentración casi exclusiva en sus cargos o el sobredimensionamiento de sus casos frente al tenue tratamiento de otros más graves en otros partidos;  sugiere intereses inconfesables tendentes a generar un efecto político determinado. Tras caer Cifuentes, señalar sin más al probable sucesor, no parece una casualidad. Y eso, a cualquier buen demócrata, debe asustarle tanto como los excesos que a menudo se perpetran en el seno de los partidos.