Sánchez castiga a la escuela concertada y a la religión en su plan educativo

El Gobierno de Pedro Sánchez recupera sus antiguos postulados en Educación y alejan la posibilidad del necesario consenso en torno a este asunto capital.

El Ministerio de Educación ha pergeñado un proyecto de ley de reforma educativa sin concluir las consultas a la comunidad educativa que representa una vuelta a las antiguas LOE y Logse socialistas, en líneas generalees. La reforma da más potestad a las comunidades autónomas en materias como la escolarización en las lenguas cooficiales, resta peso a la enseñanza de Religión y suprime el blindaje a la escuela concertada suprimiendo el concepto de “demanda social”. Estas son las principales líneas de la reforma que ha avanzando la titular del departamento, Isabel Celaá.

El ministerio quiere erradicar lo que considera los aspectos “más lesivos» de esta enseñanza. Así, no habrá asignatura alternativa a la Religión, como ocurre ahora, no contará para la nota media a la hora de hacer la EVAU o selectividad, ni tampoco para optar a becas. En Bachillerato pierde peso y deja de ser una materia específica, aunque no se detalla si pasará a considerarse optativa. La que pasa a ser obligatoria y puntuable es la materia de Valores Éticos, lo que muchos creen que puede ser una vuelta a Educación para la Ciudadanía.

Las evaluaciones se seguirán haciendo con carácter muestral, como hasta ahora, aunque cada dos años, a finales de 6º de Primaria y 4º de la ESO. El Ministerio cree que con estas pruebas que se hacen sólo a un determinado número de centros se puede conocer el estado del sistema educativo y orientar las medidas de gestión de los controles y las políticas públicas.

No obstante, mantiene la cultura de evaluación del Gobierno Wert estableciendo la obligación de que todos los centros españoles hagan evaluaciones en 3º o 4º de Educación Primaria y en 2º de la ESO, aunque sin efectos académicos. Ahora bien, prohibirá utilizar los resultados que se obtengan para clasificar a los centros. Las 'reválidas' o exámenes que sirven para titular, quedan suprimidos.

La reforma educativa propone devolver más competencias a las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial para determinar el contenido de la materia. Ellas son las que decidirán qué se hace en clase de catalán o en qué lengua se examina un alumno. Así, incorpora la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2018 que anulaba la obligación de que la Generalitat pagara a los padres los gastos derivados de querer escolarizar a sus hijos en castellano y avalaba la inmersión lingüística en catalán. Vuelve a la regulación que hacía la LOE sobre la determinación del currículo (55%-65%).

En cuanto a la Escuela Concertada, tal y como había avanzado con anterioridad la ministra de Educación, se pretende eliminar de la normativa el principio de “demanda social”. Es decir, los centros concertados, generalmente muy solicitados, no podrán ampliar sus plazas aunque reciban más demanda. También especifica que tendrán prioridad a la hora de recibir las subvenciones públicas los colegios mixtos, en lugar de los que educan a niños y niñas en aulas separadas. Eliminará la referencia en la normativa que especifica que la educación diferenciada por sexos “no se considera discriminatoria por género”.