21 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

ERES, ¿el mayor escándalo de la historia?

Más de 850 millones bajo sospecha y una teoría en la mesa: la Junta de Andalucía tramó todo un montaje para perpetuarse en el poder creando desde las instituciones una red sistémica.

Ésta y la próxima son las semanas decisivas para Chaves y Griñán, los últimos presidentes de Andalucía y del propio PSOE, que se sientan en el banquillo por delitos que, en el segundo caso, incluso podrían llevarle a prisión. Por magnitud económica e implicación institucional directa, no ha habido tal vez un caso peor de corrupción en la larga historia de España en ese epígrafe. Ni siquiera Pujol, patriarca de la usurpación de la Generalitat al servicio de sus causas, llegó a tanto.

Griñán ya ha pasado por el tribunal que enjuicia la dilapidación de cientos de millones de dinero público en falsos expedientes de ayudas a empresas en crisis y desempleados; y su antecesor y amigo lo hará en unos días. El primero, con un discurso idéntico al de tantos otros imputados, ya ha dicho delante del juez que no se enteró de nada; aunque la propia intervención de la Junta de Andalucía le advirtió hasta en diez ocasiones de las anomalías. Y de Chaves, al que no se pide cárcel, se espera un testimonio similar.

No sabía nada

"En ningún ejercicio ha hecho tacha alguna del programa 31L o de las transferencias de financiación" la Cámara de Cuentas tras ser informada y controlar las cuentas generales de la Junta cada año. En este sentido, Griñán ha resaltado que el control externo, en referencia a este órgano, tampoco hizo "tacha, y, mucho menos, de ilegalidad". En realidad, sí lo hizo la Intervención General de la Junta de Andalucía, al menos en una decena de oportunidades.

La corrupción catalana, o la Gürtel, ofenden a los sentidos, pero sólo los ERES tienen una característica ajena para el resto: los desvíos de fondos masivos eran públicos y la trama no se hizo desde altos cargos sirviéndose de su condición, sino desde el propio Gobierno y las instituciones andaluzas. No desde un partido o un despacho, sino desde el corazón de la propia democracia andaluza.

O eso se sospecha. Es decir, es un modelo de corrupción único por proceder de las propias instituciones, con una organización perfectamente detallada en las sucesivas instrucciones judiciales que afecta a 22 altos cargos y mancha al conjunto de la Junta de Andalucía.

Durante una década, cientos de millones de euros llegaron a bolsillos amigos con excusas como el paro y sin transparencia

A la cabeza de todos ellos, y ahora en el banquillo, los dos predecesores de Susana Díaz en la presidencia andaluza, a la sazón presidentes nacionales del PSOE también en los últimos años: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Para el segundo la condena puede ser de cárcel; para ambos de inhabilitación y, en todo caso, el mero juicio es una enmienda a la práctica totalidad de una manera de gobernar que los autos resumen, sin decirlo, en una frase: clientelismo ilegal, de carácter sistémico, para conservar el poder.

En ese escenario ya estaba Susana Díaz, heredera de los hoy procesados y beneficiara, a título político al menos, del régimen de fidelidades creado por ellos, plagado de eternas sospechas sobre el caciquismo convertido en norma: desde las famosas peonadas hasta Mercasevilla o los cursos de formación, el laberinto de intereses creado por la Junta y alimentados con dinero público para ganarse el fervoroso respaldo del tejido andaluz ha sido endémico y tiene en los ERES su estruendoso resumen.

El régimen, 35 años

Un tribunal de Sevilla, al que ha vuelto la causa desde el Supremo entre rumores de que ello beneficiará a los encausados por la perspectiva de que al final se reunirá en una única las casi 300 piezas contenidas en más de un millón de folios, ha abierto el fuego jurídico de un montaje tan complejo de instruir como fácil de extractar: lo que se sospecha es la creación ilegal de un fondo público de casi 900 millones de euros para, con la excusa de ayudar a los trabajadores y a las empresas en crisis y sometidas a ERES, regar bolsillos cercanos y garantizar su apoyo a una causa que gobierna Andalucía ya durante 35 años. Sólo Franco y el nacionalismo catalán ha permanecido durante tanto tiempo ostentando el poder.

 

Susana Díaz es la ahijada de los imputados. Tras personarse en la causa, se ha salido para ponerse de su lado

 

Por el juzgado están pasando ya dos expresidentes andaluces, la exministra Magdalena Álvarez, cinco exconsejeros y 14 ex altos cargos, entre ellos el ex interventor general y el anterior jefe de los servicios jurídicos. Junto a los acusados declararán 114 testigos y 12 peritos. Todo ello para determinar algo que, al menos políticamente parece probado, con independencia de cuál sea el tipo legal y las consecuencias penales: si todo ello se diseñó, organizó y ejecutó desde la Junta o fue un comportamiento delictivo aislado de alguno de sus cargos.

Cárcel e inhabilitación

La sentencia pública parece emitida hasta desde el mismo PSOE de Pedro Sánchez por el peso de las evidencias: es imposible liberar tantos cientos de millones de euros de las arcas autonómicas y concedérselos a los amigos sin que alguien, de muy arriba, lo sepa, lo gestione o cuando menos mire para otro lado. Pero las consecuencias legales de ello están por ver.

Griñán y Chaves, se enfrentan a una acusación de malversación y prevaricación continuadas, respectivamente. Pero sobre todo al juicio político de una época que explica sus éxitos y la robustez del PSOE en aquella tierra. Susana Díaz intentó librarse de la quema participando como acusación en la instrucción previa, pero se ha salido de la causa en cuanto ha podido alegando que nunca hubo enriquecimiento personal.

 

 

Lo que hubo fueron 10 años de derroche de hasta 80 millones de euros anuales en pagos opacos, sin la más mínima transparencia, al circuito de intereses próximo al PSOE. Los escándalos de la UGT, también en el juzgado pero sin avances judiciales, receptora de inmensos fondos entre 2009 y 2013 con un procedimiento similar al de los ERES, ahondan en la sensación sistémica de la corrupción andaluza y en su último fin: mantener el régimen y poblarlo de soldados leales al único objetivo. Defender el fuerte, clave en toda España para el PSOE, del asedio de sus rivales políticos.

No será antes del próximo otoño cuando el tribunal dicte sentencia. Mientras, tras el estreno desde diciembre ante dos centenares de periodistas acreditados y una expectación alta, el paseíllo de imputados y testigos no ha hecho más que empezar. Ha llegado el gran momento de los dos nombres principales de la causa, inquilinos longevos de San Telmo y presidentes incluso del PSOE desde su central en Ferraz. Una época pasada, pero no tanto.

 

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