Caso Brugal: Fiscalía pide 10 años de prisión para Alperi y Castedo

El juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante, pieza separada del caso Brugal, arranca este martes con los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP, y el empresario Enrique Ortiz sentados en el banquillo de los acusados, casi diez años después de incoarse las primeras diligencias, y a los 20 días de la absolución de los 34 acusados en la pieza de las basuras de Orihuela, al declararse la nulidad de las escuchas.

Así las cosas, esa nulidad de las escuchas, que dieron origen a la veintena de piezas separadas de la causa, será la clave en un juicio en el que el empresario Enrique Ortiz había un acuerdo de conformidad con Fiscalía y acusación, del que finalmente se desdijo la semana pasada tras conocerse la absolución de los acusados en la pieza oriolana.

Ortiz previsiblemente no ratificará este martes esa conformidad alcanzada con el ministerio fiscal y por la que hace dos meses reconoció su culpabilidad en este caso y se hacía responsable del pago de dádivas a los exalcaldes Alperi y Castedo.

El acuerdo establecía que el empresario era culpable de un delito de tráfico de influencias, otro de corrupción de funcionario público o autoridad, así como de cooperar en un delito de prevaricación. A cambio debía afrontar una indemnización de 1,6 millones de euros y una pena de dos años de cárcel, frente a los ocho años que solicitaba inicialmente Fiscalía.

Además de Ortiz, también se han retractado su hermano, Virgilio Ortiz, y uno de los empleados que habían admitido haber entregado dinero al exalcalde alicantino a cambio de una pena de tres meses de cárcel.

En cuanto a los exalcaldes, Fiscalía solicita 10 años de prisión para Alperi y Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 y 24 años, respectivamente, por delitos de revelación de información privilegiada por autoridad o funcionario, cohecho y tráfico de influencia. A Castedo además, le suma prevaricación.

En coma

La Sección Séptima de la Audiencia de Alicante (con sede en Elche) absolvió, en una sentencia conocida el pasado 10 de junio, a los 34 acusados en la causa que investigó el presunto amaño del contrato de basuras del Ayuntamiento de Orihuela durante las etapas de los 'populares' José Manuel Medina y Mónica Lorente.

La decisión judicial se sustentó en la nulidad de las grabaciones aportadas ya que la sala consideró que vulneraban derechos fundamentales de los investigados.

Tras conocerse esa sentencia, abogados de las distintas piezas del caso Brugal aún pendientes de juicio auguraron que veían "difícil" que esas causas terminaran en condena: "Si no están muertas, están en coma", preveían, al ateñer esa nulidad al auto de iniciación del procedimiento.