¿El Gobierno en casa y millones de personas trabajando sin protección ni test?

Millones de personas, hasta cuatro, se han vuelto a incorporar a sus puestos de trabajo tras tres semanas de confinamiento en sus casas. Y lo han hecho en las mismas o parecidas condiciones de cuando se recluyó: sin someterse a test de detección del coronavirus y sin la protección elemental necesaria para compartir espacios en el transporte público o en su empresa de destino.

La contradicción existente entre ver esa imagen y la del Congreso y el Senado cerrados, con diputados y senadores trabajando telemáticamente y el Gobierno recluido en casa con varios de sus ministros infectados; resulta sorprendente.

¿Por qué sí pueden trabajar los albañiles, por ejemplo, y no sus señorías o los deportistas de élite? La pregunta no es baladí, pues demuestra la falta de criterio de una medida que contradice el mensaje de que la salud está por delante de la economía.

Porque, una de dos, o es seguro para todos  reincorporarse al trabajo o no lo es. Si se trata de la primera opción, se entiende muy mal que el Gobierno siga recluido y las Cámaras cerradas, como símbolo del confinamiento de la propia democracia que vivismos. Y si no lo es, no debe serlo para nadie.

La sensación de prueba se impone, pues: parece un experimento para constatar si existe una fórmula de hacer compatible la protección de la salud pública con la reactivación de la economía, sin la cual a la pandemia sanitaria se le añadirá una hecatombe financiera del país.

También parece detectarse, en esa desescalada del encierro total, un reconocimiento de el pico de enfermos y muertos procede del contagio masivo de principios de marzo: los efectos de ahora son consecuencia de aquellas fechas, y su especial dimensión con respecto a casi todo el mundo de las medidas que no se adoptaron pese a las reiteradas advertencias de las instituciones internacionales.

Es decir, si la reducción del pico explica la vuelta al trabajo, en esa medida va implícito el reconocimiento de que la bomba virológica cayó en España en los mismos instantes en que unos países adoptaron medidas y otros, como el nuestro, hicieron lo contrario: potenciar el riesgo permitiendo o impulsando acontecimientos de masas o admitiendo vuelos a Italia hasta el 10 de maro.

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Y si es controvertida la vuelta a la oficina, las condiciones en que se ha hecho resume la mezcla de improvisación y dislate que ha marcado toda la gestión de la crisis sanitaria: primero no se previo pese a los indicios y avisos; pero luego se ha atacado cargando en los ciudadanos y la economía un sacrificio extremo por la falta de recursos elementales para enfrentarse al COVID-19 sin generar un estropicio laboral y social sin precedentes.

Un mes después de declararse el Estado de Alerta, España sigue sin hacer test masivos, no hay mascarillas de acceso fácil y los propios sanitarios carecen de elementos de protección. Es bien coherente con esa desgracia haber abierto la mano a la vuelta al trabajo sin las mínimas condiciones de seguridad: nadie sabe si puede contagiar o contagiarse y la única medida de prevención es la que cada uno pueda dotarse a sí mismo. Lamentable, una vez más.