Estrasburgo contra la locura independentista

La primera decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha caído como un jarro de agua fria a las tesis independentistas.

Un año después del fallido pulso de los independentistas al estado de derecho, llevando a término el ilegal referendum del 1 de octubre, con sus bochornosos prolegómenos y todavía más lamentables actuaciones posteriores, llega la primera decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un jarro de agua fria a las tesis independentistas.

Como es bien sabido, de acuerdo con el imaginario independentista catalán, el estado español es absolutamente totalitario y no deja vivir en paz y  armonía a una Cataluña que es una arcadia feliz, más democrática y, por ende, superior en todos los aspectos a una España retrógrada y atrasada; a las nobles gentes de Cataluña (que las hay, y por las que toca sentir el mayor de los respetos, pero que en este contexto comprenden sólo aquellos que apoyan el movimiento soberanista, siendo los demás de traidores para arriba) no les ha quedado más salida que denunciar su situación de opresión al mundo al fracasar todo intento de negociar una solución pactada con el estado español.

 Por fortuna, a tenor de las desavenencias entre los propios independentistas, el anterior relato constituye más un producto de cara a la galería para justificarse en el exterior que algo en lo que realmente crean. Si bien siempre existirá un grupo hardcore inasequible al desaliento e impermeable a la realidad, por adversa que esta sea, el sentido común que puede haber quedado temporalmente embotado, acabará volviendo.

Desde Estrasburgo esa dosis de realidad que necesitan los soberanistas. Una cosa son las aparentes victorias (o tablas temporales) por la falta de cooperación belga y alemana para extraditar a Puigdemont por todos los delitos que se le acusa en España, y otra muy diferente es pretender que España es un país donde se vulneran de modo sistemático los derechos fundamentales y recurrir al TEDH para legitimar lo que es una desobediencia clara al estado y los derechos de los ciudadanos no independentistas.

Monserrat Aumatell i Arnau basaba sus alegaciones en los artículos 6, 7, 13y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, referentes al derecho a un juicio justo, la imposibilidad de pena sin ley, el derecho a un recurso efectivo y la prohibición de discriminación (este último, por entender que se trataba de una persecución política).

El TEDH desmonta y considera manifiestamente mal fundadas todas las alegaciones, dado que pudo haber recurrido en súplica ante el Tribunal Constitucional, como así lo hicieron los demás miembros de la sindicatura electoral.

Las advertencias del TC fueron constantes y notificadas personalmente, de modo que la Aumatell podía razonablemente prever la posibilidad de multas u otras penas si continuaba desobedeciendo; y su referencia a la discriminación, se hace sin establecer un término de comparación ni se justifica debidamente.

 En realidad, harían mejor en hacer algo de autorreflexión. Los independentistas catalanes no parecen ser conscientes del contrasentido que supone acudir a los tribunales para solicitar veladamente que legitimen el disparate legal que supuso todo el proceso independentista, así como la poco democrática y con una división de poderes muy sui generis (no nos engañemos, una concentración en toda regla con una judicatura nada independiente) naciente República Catalana.

 Con un Quim Torra sin rumbo y que da ultimátums de nula utilidad, unos "socios" independentistas a la gresca, ningún apoyo internacional y la casi virtual seguridad que no prosperará ninguna de las demas demandas independentistas pendientes ante el TEDH, es hora de volver al redil constitucional.

*Politólogo y abogado.

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