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Un juez dinamita los planes de Susana y da un balón de oxígeno a Sánchez
En la batalla por el control del PSOE el calendario judicial por la corrupción en Andalucía va a jugar un papel determinante. De momento, el líder derrocado ha recibido munición extra.
La espada de Damocles de la corrupción pende sobre la cabeza de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y de sus aspiraciones para liderar el PSOE tras la defenestración de Pedro Sánchez. Pero en su gira por la carretera para buscar el apoyo de los militantes, el exsecretario general ha recibido este viernes un balón de oxigeno. El juicio por el caso de los ERE fraudulentos ya tiene fecha y la fotografía de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el banquillo puede lastrar la hoja de ruta de la lideresa andaluza.
El juez Álvaro Martín, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos seis exconsejeros, y ha impuesto a Griñán una fianza de 4.214.702 euros.
En un auto fechado el 3 de noviembre, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez abre juicio oral contra los expresidentes y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza 'política'. Varios de ellos fueron compañeros de gabinete de Susana Díaz
El juez, que abre juicio oral por los delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, acuerda crear una pieza separada de responsabilidad civil y requiere a Griñán y a Martínez Aguayo para que presten una fianza de 4.214.702 euros; a Viera para que lo haga en la cantidad de 6.229.108 euros, mientras que a Vallejo le pide una fianza de 3.763.332 euros, apercibiéndoles de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas, se procederá a decretar el embargo de bienes.
Según explica el juez Martín, "para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario".
