La unificación foral del Reino (1290-1330)

En los años siguientes al acuerdo alcanzado en 1290, el conflicto generado por la observancia de fueros aragoneses dentro de los límites del reino de Valencia permaneció en un estado latente. Si bien ya no alcanzaría las cotas de gravedad vistas anteriormente con la invasión de la Unión en 1287, no desapareció del todo y siguió condicionando las relaciones políticas entre la nobleza y los núcleos urbanos de realengo.

La división se evidenciaba en cada convocatoria de Cortes, en las cuales solamente el brazo real negociaba con el soberano contrapartidas a cambio del donativo. Los señores se quedaban al margen de estas deliberaciones e incluso en las de 1301-1302 recaudaron y entregaron totalmente aparte el servicio monetario que ofrecieron al rey.

La tensión aumentó peligrosamente otra vez a partir de 1315. Ese año los núcleos urbanos de realengo pretendieron imponer unas tasas sobre el consumo y el tráfico de mercancías para pagar una flotilla de galeras que protegiera las costas del reino. Una fiscalidad indirecta que afectaba a todos, por lo que la nobleza, tradicionalmente exenta, no tardó en protestar enérgicamente y solicitar su revocación.

Las conversaciones que tuvieron lugar, lejos de calmar los ánimos, provocaron todo lo contrario. La ciudad de Valencia rechazó sus peticiones e incluso les afeó su actitud pasada durante las celebraciones de Cortes y que pretendieran ser sujetos a una legislación foral extranjera. Y además se negó a escuchar sus réplicas.

El desplante no fue bien recibido por la nobleza. Hubo conflictos armados localizados y en más de una ocasión la ciudad de Valencia tuvo que movilizar a su milicia. Los nobles también realizaron preparativos militares y denunciaron ante el rey que era vulnerado su derecho de acogerse a los fueros de Aragón.

Ante el riesgo de una nueva guerra interna por las maniobras de uno y otro bando, Jaime II se decidió a poner fin a la intrincada cuestión foral. En 1321 convocó un parlamento en Valencia con el objetivo de conseguir la unificación foral y pacificación del reino.

El camino que tuvo que recorrerse no fue fácil, ni corto. Esta primera aproximación terminó a los tres meses sin haberse alcanzado acuerdo alguno. Los conflictos continuaron sucediéndose mientras el rey asumía el desafío de la conquista de Cerdeña.

Auspiciado por el obispo de Valencia en 1326, el nuevo y renovado impulso por una solución pactada estuvo muy cerca de concluir con éxito, pero la muerte del rey, en 1327, terminó por malograrlo. El asunto quedó en suspenso hasta que su sucesor, Alfonso IV (1327-1336), solicitó en 1329 que le fueran presentados los acuerdos alcanzados en vísperas de la muerte de su padre, para conocer la cuestión y poder deliberar sobre ello.

La unión foral se convirtió en el eje central entorno al cual gravitaron los debates en las Cortes de 1329-1330. A cambio de adaptarse a los fueros valencianos, «lex universalis et unica», se concedieron entre otras cosas importantes prerrogativas en materia jurisdiccional. Se otorgó la llamada «jurisdicción alfonsina» a todos aquellos que tuvieran lugares poblados con 15 familias cristianas o 5 de musulmanes.

Suponía la concesión del mixto imperio sobre tales vasallos, es decir, una jurisdicción limitada. La absoluta en primera instancia en cuanto a la civil y en la criminal no conocería en los delitos de heridas o lesiones y no podrían imponerse penas de muerte, mutilación o exilio.

Los señores que gozaban de mero y mixto imperio (la plena jurisdicción) seguirían gozando de ella e incluso se concedería a otros mediante concesión expresa del rey a cambio de su renuncia a los fueros de Aragón, circunstancia a la cual se acogieron muchos de ellos.

Se superaba así un importante obstáculo que permitió la promulgación de nuevos fueros, algo que no se lograba nada menos que desde 1271. A partir de entonces, con la participación de todo el cuerpo político, las Cortes se consolidaron como institución representativa del reino.

Estrictamente hablando, estas Cortes no supusieron el fin de los fueros aragoneses. Aunque se estipuló un plazo de tres meses para adaptarse y aplicar los nuevos fueros valencianos, a veces el proceso se alargó durante años. Y aún más allá, pues al decretarse excepciones para importantes familias aragonesas, sobrevivieron en reductos muy localizados hasta nada menos que 1626.

A cambio de la unidad foral se reforzó así el régimen señorial, lo que tuvo profundas consecuencias para la sociedad valenciana. De hecho, este sobrevivió al propio derecho valenciano, pues la jurisdicción alfonsina fue restablecida en 1708 y perduró hasta 1837.

* Doctor en Historia-UV. Dottore di ricerca-UniCa