23 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Jupol desenmascara al Gobierno: "Muchos contagios se podían haber evitado"

Pablo Pérez, portavoz de Jupol, sindicato mayoritario de la Policía.

Pablo Pérez, portavoz de Jupol, sindicato mayoritario de la Policía.

El sindicato mayoritario se querella contra Simón, el número dos de Marlaska y la cúpula de Sanidad e Interior por prevaricación. 8 agentes han fallecido y más de 1.000 se han infectado.

Al complicado panorama judicial que aguarda al Gobierno por su gestión del coronavirus se une este viernes una nueva querella judicial de notable contundencia. La impulsa el sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía y apunta a una decena de responsables políticos y policiales con las cúpulas operativas de los ministerios de Interior y Sanidad.

En concreto, el sindicato JUPOL ha decidido querellarse ante los Juzgados de Madrid contra el delegado del Gobierno, José Manuel Franco; el doctor Fernando Simón; el secretario de Estado de Sanidad, Alberto Herrera; la directora general de Salud Pública, Pilar Aparacio; el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; el Director Adjunto Operativo del Cuerpo, José Ángel González; y los subdirectores generales y  comisarios, Pilar Allué y José García Molina.

Jupol documenta los avisos de la OMS y casos en los que policías se pusieron en riesgo entre la falta de medios que Interior no les cedió.

En declaraciones a ESdiario, el portavoz de JUPOL, Pablo Pérez, ha explicado la decisión en que "si se hubiera actuado antes en base a los informes que el Gobierno conocía se habrían podido evitar muchos contagios entre los agentes". Cabe recordar que en el CNP hay contabilizados 8 fallecidos por Covid y en el conjunto total de las FSE -policías y guardias civiles- más de un millar de infectados (reconocidos oficialmente).

Y es que Pérez recuerda la dejación de Interior al no facilitar los test PCR a los agentes y censura que durante toda la crisis, el departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha limitado a enviar a los policías con síntomas a sus domicilios a pasar las cuarentenas preceptivas.

La querella, muy documentada a lo largo de 60 folios, acusa a los querellados de posibles delitos contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.

En la iniciativa de JUPOL, se recuerda que la Organización Mundial de la Salud "declaró el 30 de enero de 2020 la emergencia sanitaria internacional" y que, por lo tanto, "resulta evidente" que la "antelación con la que podían haberse tomado medidas de prevención y contención del virus es obvia".

La querella documenta todos y cada uno de los avisos internacionales que el Gobierno fue recibiendo en los primeros días de marzo. Alertas que, sin embargo, no fueron trasladadas a los miembros de la Policía.

"Podría, y debía, haberse adquirido el material adecuado a estos efectos, en las cantidades necesarias, ya desde enero, fecha en la que los responsables de logística, como los demás miembros del Cuerpo de la Policía Nacional, conocieron de su necesidad para contener los contagios", señala JUPOL, en referencia a, entre otro material, las mascarillas que los agentes no recibieron en las primeras semanas del confinamiento.

 

 

Y es que JUPOL recuerda y cita "cientos de solicitudes de material de protección de agentes que, de forma particular y fuera de los cauces formales del Sindicato, se dirigieron a sus superiores en este sentido antes de la declaración del estado de alarma".

"Lo anterior evidencia que la falta de actuación de los querellados no se refiere sólo a una imprevisión en la compra de materiales de prevención del contagio de Covid 19", denuncia la querella.

"La ausencia -añade- de cualquier tipo de medida organizativa, limitativa de movimientos entre provincias relativa a funcionarios sospechosos de estar contagiados, y debidamente comunicada al superior competente, expuso a los agentes implicados en las comunicaciones transcritas, a sus familias y a sus compañeros de Madrid, a un altísimo e inadmisible riesgo de contagio".

Y razona JUPOL sobre las manifestaciones del 8-M: "No puede admitirse, sobre la base de ningún prisma bajo el que pretenda examinarse la materia, que a fecha 8 de marzo de 2020 existieran meras dudas acerca de la inconveniencia de permitir una concentración de miles de personas".

"Muy al contrario todas las autoridades conocían la existencia de razones convincentes, imperativas y científicas, que no sólo desaconsejaban, sino que exigían, a las autoridades actuar en la contención de la propagación del virus", argumenta el sindicato mayoritario de la Policía.

El papel de Simón e Interior

JUPOL reprocha a los altos cargos de la Policía la "ausencia de cualquier directriz o plan coordinado en la prevención del covid-19", así como la falta de aprovisionamiento de material. "Desde la Dirección General de la Policía se omitió, de enero a marzo, cualquier prevención organizativa dirigida a evitar el contagio de los agentes, entre éstos trabajando conjuntamente y entre ellos y sus familias".

Añade que el que era responsable del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional José Antonio Nieto González advirtió en un informe, con fecha del 24 de enero de 2020, de "la necesidad de utilizar guantes de nitrilo y mascarillas FFP2 como medidas preventivas a los funcionarios policiales o de Guardia Civil". Pero no fueron entregadas.

Es más, Nieto fue cesado. "Aquella recomendación -afirma la querella- era contraria a la postura gubernamental reconocida por don Fernando Simón. Sin embargo, la anticipación y diligencia con la que se condujo el señor Nieto González en el ejercicio de sus funciones no sólo fue ignorada por los mandos superiores, sino que pudiera haber sido la causa real de su inesperado cese forzoso, a tres meses de su jubilación, el 14 de marzo de 2020".

Y también apunta a Simón al entender que el centro que dirige no adoptó ninguna medida de seguridad cuando elaboró un informe técnico sobre el coronavirus, con fecha del pasado 10 de febrero, y "privó a la población de la información que se contenía en dicho informe".

El precedente de la Ertzaintza

La querella de JUPOL llega justo cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a la Consejería de Seguridad por "vulnerar el derecho fundamental» de los ertzainas a la integridadal haberles negado "total o parcialmente" las medidas de prevención laboral que eran "exigibles".

De esta forma, el TSJ vasco ha dado la razón a los sindicatos Erne y Esan de la Policía Vasca, que presentaron sendas demandas contra el Gobierno Vasco.

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