19 de octubre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Un fraude de siete millones de euros golpea de lleno a la portavoz del Gobierno

La ministra Celaá, el pasado 29 de octubre, en la Comisión de Investigacion del "caso Jantoki".

La ministra Celaá, el pasado 29 de octubre, en la Comisión de Investigacion del "caso Jantoki".

El pasado persigue a Isabel Celáa, que parece tener algunos esqueletos en el armario de su época de consejera del Ejecutivo vasco. Allí hay abierta una comisión de investigación.

En apenas cinco meses, a la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Celaá, se le acumulan los problemas.

A sus continuos y muy comentados fallos de comunicación y a su creciente falta de sintonía con los periodistas acreditados en La Moncloa -broncas públicas en su habitual comparecencia de los viernes, incluidas- se ha sumado recientemente el escándalo por la falta de transparencia en el registro de sus propiedades inmuebles.

Y por si fuera poco este controvertido currículum en el gabinete telegénico de Sánchez, en los últimos día a Celaá se le ha reaparecido un viejo fantasma del pasado que le persigue de su etapa como consejera de Educación del Gobierno Vasco con Patxi López como lendakari. Se trata del caso Jantoki y no es un asunto menor.

Se investiga un agujero de 7 millones de euros certificado por el propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con la condena a ocho empresas, un agujero multimillonario que ha forzado una Comisión de Investigación en el Parlamento de Vitoria y una multa de la Autoridad Vasca de la Competencia a esas firmas por valor de 18 millones.

Y con estos antecedentes, hace apenas dos semanas Celaá compareció ante la citada comisión parlamentaria en la Cámara Vasca y confirmó que en política una cosa es predicar y otra muy distinta dar trigo.

El rostro y la voz del Gobierno salido de la moción de censura sostenida argumentalmente en la gran apuesta de Sánchez por la regeneración, la lucha contra la corrupción y las buenas prácticas en la actividad política, reconoció su incapacidad para poder haber atajado un escándalo que permitió durante varias legislaturas a varias empresas pactar ilegalmente los precios de los comedores de los centros escolares del País Vasco.

  

La ministra portavoz, Isabel Celaá, en la última rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el pasado jueves.

 

Celáa -que compareció después de que lo hicieran dos de sus antecesores- se lavó literalmente las manos. "Ni la colusión ni el pacto empresas fue intuido por el Gobierno", se justificó. Y aún fue más allá. "No sería ni procedente ni justo analizar lo sucedido de forma retrospectiva. No podemos juzgar el pasado con la información del presente", argumentó, ante las preguntas de los comisionados de Podemos, Bildu y PP.

Celaá llegó además a enfadar a los representantes de la oposición -PNV y PSE gobiernan en coalición y son todos sus exconsejeros de Educación los examinados- al cuestionar los "verdaderos fines" que Podemos, Bildu y PP persiguen con esta comisión de investigación.

El órgano parlamentario ha entrado en la recta final de sus trabajos y en los próximos meses se esperan sus conclusiones, entre ellas, si las hubiera, las posibles responsabilidades políticas de los exconsejeros Angeles Iztueta (Eusko Alkartasuna, 2001-2005), Tontxu Campos (PSE, 2005-2009), la propia Celaá (PSE, 2009-2012) y Cristina Uriarte (PNV, 2012 hasta la actualidad).

En las conclusiones se dilucida si hubo durante su mandato conocimiento, inacción o connivencia con los chanchullos y maniobras de las ocho empresas citadas, que llegaron a repartirse ilegalmente un mercado público de más de 780 millones de euros.

 

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