Educación actúa como "comisario político" en peticiones de los padres de alumnos

El conseller de Educación, Vicent Marzà  con el secretario autonómico, Miquel Soler.

El conseller de Educación, Vicent Marzà con el secretario autonómico, Miquel Soler.

El secretario autonómico de Educación valenciano anula el poder de los directores de centros públicos ante la petición de información de los padres.



Miquel Soler, secretario autonómico de Educación y Formación Profesional, acaba de remitir esta semana una carta a los directores de los centros públicos valencianos cargada de forma y, sobre todo, de fondo, en la que se limita la autonomía que tienen reconocida en la relación con los padres o representantes de los alumnos.

El 'número dos' de la Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís), da instrucciones explícitas a los directores de los colegios respecto a la posibilidad de que "algún representante de las familias del alumnado solicite información previa a fin de prestar su consentimiento a la formación en determinadas materias si estas entran en contradicción con las creencias o ideas de madres y padres". En ese supuesto, la dirección del centro debe trasladar este escrito a la Dirección Territorial de Educación correspondiente "desde donde se dará respuesta a la mencionada solicitud".

En este sentido, continua la carta, "la dirección del centro no se pronunciará por escrito al respecto", simplemente, "comunicará a las personas autoras de estos escritos que se ha dado traslado de los mismos a la Dirección Territorial de Educación correspondiente". Y añade que "la respuesta de la Dirección Territorial de Educación a los escritos presentados por los representantes de las familias del alumnado, será comunicada a la dirección del centro público correspondiente para su traslado a las personas autoras de dichos escritos". Algo que puede entenderse igualmente como 'un veto y una censura' al cauce participativo de los padres y madres a través de las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado y a través de sus consejos escolares, sin ningún criterio.

De esta forma, cualquier petición de los padres o tutores de los alumnos, incluso aquellas  que afecten a cuestiones sanitarias, alimentarias o religiosas, será conocedora de la misma el centro escolar y la conselleria a través de la Dirección Territorial de Educación, que actuará a modo de "comisario político", según apuntan varios de los receptores de las cartas.

Enfoque de género

La misiva firmada no ofrece ninguna duda sobre el papel que ahora asumen los máximos responsables de los centros públicos como meros "carteros" de las peticiones. Los directores trasladan los escritos para que los conteste la  Dirección Territorial de Educación y la respuesta, "será comunicada a la dirección del centro público correspondiente para su traslado a las personas autoras de dichos escritos".

En la extensa misiva, el subsecretario alecciona a los directores de centros sobre diversas cuestiones. Alega que la solicitud de "información previa a fin de prestar su consentimiento a la formación de determinadas materias si esas entran en contradicción con las creencias o ideas de los madres padres hay que señalar que la mencionada propuesta vulnera el derecho fundamental de los niños y niñas a ser educados, además de vulnera tratados internacionales"

Soler apunta que el enfoque de género no tiene "efectos negativos" y dice que "el derecho de las familias a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos e hijas no puede, en ningún caso, desvirtuar el deber del Estado de garantizar una educación en el respeto a los principios democráticos de convivencia". 

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