La obra más ambiciosa de Soraya acaba manchando su currículum

La onda expansiva de la explosión registrada en el PP de Valencia esta semana ha llegado a La Moncloa. Allí se respira estos días un ambiente de fin de ciclo. Quienes aún confiaban en que la jugada de Mariano Rajoy le saliera bien han perdido casi toda esperanza. Porque al olor a pólvora valenciana se une la obstinación de Pedro Sánchez en no comprarle al popular ni un coche de segunda mano. Cuanto menos un pacto.  

A escasos días de que el Rey decida si propone a la investidura al candidato socialista o inicia el proceso hacia unas nuevas elecciones, en los mentideros se especula más que nunca con una retirada de Rajoy como única posibilidad que le queda al PP de ablandar a Sánchez. Hasta la fecha el presidente en funciones siempre ha descartado esa opción, pero la semana pasada cambió de idea sobre su investidura en 24 horas, así que todo es posible a estas alturas.

¿Y quién sería el mirlo blanco? Las miradas, cómo no, vuelven a posarse en Soraya Sáenz de Santamaría, que últimamente ha estado viéndose con algunos periodistas influyentes para estar preparada para cualquier cosa. Amén de la campaña que le está haciendo Prisa.

No obstante las alas de la vicepresidenta se han vuelto más pesadas a raíz del escándalo de la empresa pública Acuamed, que ha golpeado de lleno al hasta hace días subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Federico Ramos, un hombre de la entera confianza de Sáenz de Santamaría. Abogado del Estado como ella, al que llamó a su vera procedente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente cuando Jaime Pérez Renovales, su antecesor, volvió al Banco Santander.

Durante toda la legislatura la número dos de Rajoy había sido la viva imagen de la lucha contra la corrupción del Gobierno, e impulsora de muchas de las leyes aprobadas en estos años. Su niña bonita fue la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de la que fue ponente por parte del Grupo Popular el mismísimo Pedro Gómez de la Serna, vaya arranque. Durante su tramitación en el Congreso -en 2013- ella subió al estrado para decir con solemnidad: 

"Todos tenemos un mandato de estas Cortes Generales que cumplir en términos de regeneración democrática: reformar la Ley de Partidos, fortalecer su control económico-financiero, aprobar un estatuto del ejercicio de funciones políticas, fortalecer el Tribunal de Cuentas, regular los lobbies y reforzar las herramientas para perseguir y sancionar los delitos relacionados con la corrupción política (...). Hoy, la política exige una forma de pensar y de actuar ejemplar. Ejemplar para favorecer la confianza de los ciudadanos en sus gestores, en su capacidad para decidir y elegir lo mejor para la sociedad".

Sin embargo ahora la implicación de Ramos, acusado de participar en la reunión en la que se pactaron 40 millones de euros en compensaciones fraudulentas a la constructora FCC, la ha salpicado de lleno. Por más que la vicepresidenta tratara de colocar un cortafuegos acelerando la dimisión de su número tres.

Sáenz de Santamaría ha presumido en múltiples ocasiones de que el blindaje legal construido por el Gobierno (con ella a los mandos) para luchar contra la corrupción hacía muy difícil la aparición de nuevos casos -decía que los que se iban conociendo venían de antes-, y menos aún en el Ejecutivo central.

Ni lo uno ni lo otro, porque Acuamed es una empresa controlada por el Ministerio de Agricultura y el desfalco se ha producido con el PP en La Moncloa. Es más. En 2014 el Tribunal de Cuentas había emitido un informe en el que advertía del olor a chamusquina en la compañía.

El caso no ha descabalgado a la vicepresidenta, pero sí la ha dejado tocada.