La ciudad no es para mí. Abogacías

Junqueras, Bal y Sánchez.

Junqueras, Bal y Sánchez.

Esa Abogacía que ha saltado (o asaltado) definitivamente a la opinión pública con tan sumiso criterio con respecto al alcance de la sentencia europea sobre inmunidad de delincuencia.

Los lectores atentos a la actualidad española nos encontramos con reinados de términos, palabras o frases, que por simpatía, acabamos incorporando a nuestro vocabulario primero y después a la conversación cotidiana. Duraderos o efímeros, a capricho de los medios y en razón de su difusión, funcionan como una suerte de virus más parecido a las vacunas que a otra cosa. Grandes palabras, consignas ingeniosas o descabellados proyectos -todo en clave de promesa- cursan como vehículo eficiente.

La trepidante semana que termina, pese a la complejidad de los acontecimientos, pudiera recordarse asociada a ese curioso concepto de Abogacía. Sin proceder a un exhaustivo estudio lingüístico y arriesgando con la riqueza del castellano, son pocas las palabras que escapan de esa terminación si no desidencias. Clerecía y Alferecía son dos de ellas -tal vez las únicas- y sus significados muy diversos. Por clerecía entendemos el conjunto de componentes de una orden clerical, o similar. Una alferecía, no es un grupo del alféreces en extinción –como pudiera parecer- sino una rara enfermedad entre la debilidad y la melancolía.

Y una mezcla de ambas cosas debe ser, en la práctica, esa Abogacía que ha saltado (o asaltado) definitivamente a la opinión pública con tan sumiso criterio con respecto al alcance de la sentencia europea sobre inmunidad de delincuencia. Dicho sea con todo respeto a la ahora muda y denostada Saénz de Santamaría, a Edmundo Bal, quién sí se ha pronunciado de forma contundente y muy oportuna. Y con todo el respeto del mundo para todos los Abogados del Estado que han alcanzado por mérito tal condición.

Y el CGA que aspira a presidir la valenciana Manuela Andreu, otra cosa.

Porque la “abogacía”, dicha así, y vista así, parece adoptar en ocasiones posturas grupales, tribales tal vez, alejadas de la razón y del buen juicio, aquejados de excesos de obediencia y abandono de la realidad sus actores.

No me consta cuando escribo -primera entrega de Investidura y brillante oratoria de Pablo Casado- que la Abogacía prepare escrito de interpretación de las órdenes de inhabilitación inmediata que la Junta Electoral ha dictado sobre Torra y Junqueras. Apenas el anuncio airado que ese paradigma de la ignorancia que es Adriana Lastra ha lanzado con dudas sobre su competencia (de la Junta, de la suya no las hay) y traslado de responsabilidad a derecha y ultraderecha (sic). Pudiera resultar un mal indicio.

La Abogacía (de la Generalitat) focalizada como acusación permanente y muy agresiva contra antiguos gobernantes del PP y, subsidiariamente, en la defensa de los actuales mandatarios.

Nada raro en esta tierra en la que la Abogacía (de la Generalitat) hace tiempo que se ha convertido en la de Puig y sus socios de gobierno. Focalizada como acusación permanente y muy agresiva contra antiguos gobernantes del PP y, subsidiariamente, en la defensa de los actuales mandatarios. (el pactista Baldoví sigue imputado por cierto)

Quiérase o no, vístase como se vista, una descarada utilización de las instituciones al servicio de intereses partidistas, cuando no personales. Y aunque suene a exageración, un tic prematuro –y en consecuencia todavía evitable- de tentaciones autoritarias, tan propias de gobiernos procomunistas postmodernos, con independencia de que hayan accedido por las urnas al poder.

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