30 de noviembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Los mayores necesitan un debate serio, no una guerra política repugnante

Salvador Illa, mando único sanitario durante la epidemia

Salvador Illa, mando único sanitario durante la epidemia

Nuestros mayores se merecen un debate profundo sobre qué quiere ofrecerles la Administración cuando más lo necesitan: ellos han pagado como nadie la pandemia.

 

 

El Gobierno no ha sido capaz aún de decir cuál es la cifra de fallecidos por COVID-19 en España, aunque la conoce sin duda: todo el exceso de mortandad habida durante la pandemia con respecto a los años precedentes, es a causa del coronavirus, pues no existe ninguna otra razón que justifique unas cifras tan desmedidas y sin precedentes.

Situar la estadísticas en al menos 44.000 muertos no es ninguna osadía, sino la consecuencia de comparar los datos oficiales de los registros civiles de toda España, recogidos en el Informe Momo del propio Gobierno, y cotejarlos con los de los mismos periodos desde 2008: que el sistema no haya sido capaz de diagnosticar el COVID-19 no puede ser utilizado para enviar al limbo a esas víctimas de la enfermedad, sino para anotar otro error más en la ya larga lista de fallos cometidos.

De esa terrible estadística, es más que probable que el 80% sean mayores, lo que arroja un saldo desolador: no es atrevido calcular que al menos 33.000 jubilados han perdido la vida en estos meses de pandemia que han afectado a España como a ningún país del mundo.

El despropósito es inaceptable,  y se corresponde con el resto de desastres que hemos visto desde marzo: se retrasaron las medidas preventivas, se ayudó a extender un contagio masivo. Se compró tarde y mal material sanitario. Se desprotegió a los sanitarios. Se provocó el colapso sanitario. Se prolongó el Estado de Alarma políticamente. Y se escondió la cifra real de muertos tras intentar instalar en la opinión pública la falsedad de que la mortalidad era parecida a la del resto del mundo.

 

 

De todo esto nuestros mayores fueron las primeras víctimas. Y ahora, en lugar de hacer una reflexión sobre en qué debe cambiar el sistema asistencial para que las residencias dependan también de Sanidad y no solo de Asuntos Sociales, se libra un impúdico pulso para adjudicar los estragos a las Comunidades Autónomas.

La realidad es que casi todo se hizo mal en origen. La misma imprevisión que provocó un contagio explica los estragos en los sectores más vulnerables: esa fue la causa. Y ahora lo que toca es al menos reconocer a los muertos, tenerles el respeto que merecen y entender que, en adelante, las residencias no pueden ser solo hoteles: también tienen que ser de algún modo hospitales.

Esto no versa de Pablo Iglesias, que tanto presumió de estar a los mandos y lleva tres meses desaparecido; ni de Ayuso u otros presidentes regionales. Ni tampoco de una confrontación entre lo público, lo concertado y lo privado.

En realidad, va sobre el modelo de residencias en España y de recursos que el Estado dedica a ello. Lo que hemos descubierto es que, si viene una pandemia y lo agrava todo un Gobierno incompetente, nuestros mayores necesitan más servicios de los que hasta ahora recibían con un concepto residencial solvente que, simplemente, no estaba preparado para atender algo que la Administración no le pedía ni sufragaba pero que sus usuarios, sin duda, necesitan.

 

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