| 20 de Abril de 2024 Director Benjamín López

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Cerrado el caso de una profesora vinculada al director del máster de Cifuentes

| Redacción Elche Edición Elche

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha archivado el expediente abierto hace unos meses para tratar de esclarecer si existía una relación personal entre la profesora Rosario Tur y el catedrático Enrique Álvarez Conde (director del máster de Cristina Cifuentes), cuando ésta logró la plaza de catedrática en Derecho Constitucional. Lo más curioso y llamativo es que Álvarez Conde formó parte del tribunal que aprobó la cátedra de Rosario Tur, con la que al parecer estaba vinculado. La ex ministra valenciana Carmen Montón también realizó un máster, que finalmente se demostró que la notas fueron manipuladas, con Instituto de Derecho Público (IDP) de Álvarez Conde.

La investigación se puso en marcha por orden del rector, Jesús Tadeo Pastor, quien manifestó entonces que si se demostraba que existía una relación personal entre ambos en aquel momento pondría en marcha los mecanismos necesarios para anular la plaza, ya que la legislación impide formar parte de cualquier tribunal docente a personas que tengan una relación personal íntima con la persona que aspira al puesto. 

Durante la investigación, se ha practicado las siguientes diligencias: pruebas testificales a todos los implicad os en el proceso, pruebas documentales (dossier de prensa), revisión del currículum de la adjudicataria de la plaza, así como de los fundamentos jurídicos en los que se enmarca las informaciones.

El informe concluye que:

-La candidata era la única aspirante a la plaza, estaba acreditada como Catedrática por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA), que es un órgano independiente y externo a la propia Universidad, y todos y cada uno de los cinco miembros del Tribunal adoptaron por unanimidad la provisión de la plaza por reunir los méritos y capacidades suficientes.

-Tras realizar un examen pormenorizado de las noticias aparecidas en los medios de comunicación entre el 3 y el 27 de abril de 2018, no se ha extraído de tales noticias ninguna evidencia documental probatoria sobre la supuesta amistad íntima en los términos en que son fijados por la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de octubre de 2010, de un miembro del Tribunal calificador con la aspirante.

-Todas las pruebas documentales y testificales señalan, en consecuencia, que las actuaciones en el proceso se ajustaron a la ley y a la jurisprudencia de los Tribunales en la materia.

Por todo ello, el informe concluye que no corresponde iniciar actuación alguna que proponga iniciar un expediente anulatorio o sancionador sobre el concurso de acceso a la Cátedra de Derecho Constitucional, pues los funcionarios que emitieron el juicio de valor en su día se reiteran en el acto y no existe otro fundamento que permita poner en duda lo que dicen los miembros de dicho Tribunal, no quedando ninguna actuación contraria a derecho en la selección del candidato que obtuvo la plaza. Por tales motivos, se archiva el expediente, por ser válido el acto administrativo de la adjudicación de la plaza.