Otra cosa a la que Compromís se “concierta” para no ir

Los centros educativos concertados han celebrado unas jornadas en Valencia. Representan al 26% del sistema educativo español. Compromís ha vuelto a ignorarlos.

Como es natural, y pese a la animosidad de las autoridades locales hacia cualquier tipo de enseñanza que no sea gestionada de manera totalmente pública, los organizadores de la Confederación Española de Centros Educativos (CECE) que preside Alfonso Aguiló invitaron a la cita a los políticos con mando en plaza. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, confirmó asistencia. Después delegó en su concejal responsable (María Oliver, València en Comú), que también acabó excusándose. Finalmente acudió como única representante del equipo municipal de gobierno la concejal de deportes (Maite Girau), pero porque iba a ser premiada. Girau es socialista. Por la oposición estuvieron Fernando Giner (Ciudadanos), Eusebio Monzó (PP), y Cristóbal Grau (Grupo Popular)

La Educación en Valencia es cosa de Compromís. En la Generalitat, también. Y tampoco el conseller, Vicent Marzà, se ha dejado ver por este congreso. Ni el diputado Josep Nadal, inicialmente previsto para una mesa redonda con representantes de los demás partidos parlamentarios. Desde hace meses los nacionalistas no acuden a algunos actos en los que hay presencia garantizada de socialistas, como se pudo comprobar en la inauguración de una exposición del artista Toni Miró en el puerto de Valencia.

Esta vez sólo tres políticos de izquierdas -y los tres socialistas, partido que inventó los conciertos- se han dejado caer institucionalmente por el cónclave de la Concertada. Ximo Puig, el secretario autonómico Miguel Soler, y el enviado del Ministerio hablaron como siempre de diálogo mientras sus administraciones recortan aulas y horas (y puestos de trabajo) a la Concertada pese a la incontestable demanda social.

Tampoco la proyectada reforma educativa de Pedro Sánchez -la enésima sin consenso en democracia- se encamina por la senda de la libertad de elección efectiva de centro para los padres. Su anuncio de supeditación de la Concertada a la enteramente pública -al eliminar el citado concepto de “demanda social” que hasta ahora blindaba este tipo de enseñanza- la aboca a su reconversión forzada en enseñanza sólo para ricos.

Aunque antes de oficializar la anunciada subsidiariedad habrá que ver el encaje del proyecto gubernamental con la libertad de enseñanza que consagra la Constitución, y con las últimas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sobre la complementariedad de las redes educativas pública y privada.

De momento la Concertada ya le ha visto las orejas al lobo. Como primera medida -además del chorreo a los socialistas en el citado congreso- ha repartido entre sus centros asociados un modelo de “respuesta a la consulta pública previa sobre el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la actual ley de educación” en el que se reclama a la ministra un Pacto Educativo de Estado previo a la modificación de la ley.

 

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