Un experto magistrado saca a la luz otra chapuza de Marlaska durante la alarma

Fue durante las primeras semanas del estado de alarma una de las imágenes diarias de la estrategia de comunicación del Gobierno: las comparecencias de los uniformados  -los responsables operativos de la Guardia Civil y de la Policía, junto al Jefe del Estado Mayor de la Defensa-para hacer balance de las actuaciones de las FSE para hacer cumplir el confinamiento.

También las comparecencias ante los medios -ausentes los periodistas y sin posibilidad de preguntar en aquellas primeras jornadas- del ministro Fernando Grande-Marlaska, en las que enumeraba las sanciones impuestas por sus subordinados para justificar la necesidad de la mano dura para hacer cumplir el confinamiento decretado por Pedro Sánchez.

Ya entonces, algunos expertos en Derecho advirtieron de la posible ilegalidad de muchas de las sanciones impuestas y vaticinaron un auténtico aluvión de recursos en los tribunales. Ahora, un jefe de los jueces se suma a esa advertencia y augura un varapalo masivo contra el Ministerio del Interior cuando se alcance la desescalada definitiva y las sedes judiciales reabran sus puertas a la nueva normalidad.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha vaticinado este lunes que ni el 10% del millón de denuncias interpuestas en toda España desde que se decretó el estado de alarma acabarán finalmente en multas. En una entrevista a Radio Euskadi, Ibarra ha reconocido que había varias opciones para afrontar esta pandemia, una a través del estado de alarma, otra mediante la legislación sanitaria y la tercera con la legislación de protección civil.

El presidente del TSJ del País Vasco, Juan Luis Ibarra, este lunes en Radio Euskadi.

Ibarra ha explicado que, a su juicio, no se ha multado "mucho" a la ciudadanía por saltarse el confinamiento, sino que, al contrario, ha sido "muy poco". Sin embargo, ha manifestado que se han puesto "muchas denuncias que es otra cosa".

"El número de denuncias por la Ley de Seguridad Ciudadana que supera el millón durante el estado de alarma es un claro indicativo de una desproporción, pero no son un millón de sanciones, son un millón de veces en las que una persona, que es agente de la autoridad, ha consignado en una denuncia los datos personales y la conducta de una persona para que, en su caso, se resuelva si esa persona ha cometido o no una infracción administrativa", ha advertido.

En un claro mensaje sobre la gestión del ministro Marlaska, a juicio de Ibarra el "sesgo" que se introdujo desde el principio, por el que cualquier infracción de las medidas de confinamiento constituye un "hecho sancionable administrativamente", ha dado lugar a un debate jurídico, que no cree que sería "bueno que se trasladara a los tribunales".

En su opinión, eso "no es exactamente así" y cualquier infracción de una norma de la Ley de Seguridad Ciudadana "no da lugar a una conducta sancionable". Según ha apuntado, cuando se trata de medidas referidas a la movilidad requiere "de la desobediencia o de la contumacia".

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"Es decir requiere que se produzca respecto de esa conducta una desobediencia a los agentes de la autoridad o que se reproduzca tantas veces que entonces ya se convierte en una infracción pero no es automático y sin embargo, en ese sentido, creo que ha habido una cierta exageración, quizá para conseguir un efecto que no era capaz de transmitirse a través de la persuasión", ha señalado el veterano magistrado.

A su juicio, de esta manera, se trataba de "trasladar a la población la conciencia de que se estaba en una situación grave". Preguntado por cuántas de ese más de millón de denuncias acabarán en multas, Ibarra ha asegurado que no llegarán ni a un 10%.