El Gobierno oculta sus métodos poco ortodoxos para comprar material en China

Ni Salvador Illa, ni Fernando Grande-Marlaska, ni José Luis Ábalos. Ninguno de los tres ministros que comparecieron este jueves ante la opinión público quiso explicar lo sucedido con el famoso lote de 9.000 tests rápidos para la detección del Covid-19 que, o bien pertenecían a una partida defectuosa o bien directamente a un timo. 

Después de descubrirse que la empresa fabricante, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, no tenía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China, el ministro de Sanidad únicamente se limitó a aclarar que la operación no se había cerrado directamente con tal compañía, sino a través de un "proveedor nacional de confianza". Hasta ahí. 

Y tampoco de ahí se salieron, horas después, los titulares de Interior y Fomento en una rueda de prensa conjunta en La Moncloa. 

El oscurantismo en torno a la compra, el interés del Gobierno por no desvelar qué empresa española hizo las gestiones con la china Bioeasy (que tiene ramificaciones en Estados Unidos y Turquía), ha disparado las sospechas sobre los métodos de compra de un Ejecutivo acorralado por la necesidad imperiosa de material y sin los contactos necesarios en el mercado internacional (dado que las competencias sanitarias llevan décadas transferidas). 

Lo que parece claro es que no se siguieron los cauces habituales de compra. Las prisas fueron malas consejeras para Sánchez.

Un proveedor sanitario explica a ESdiario que, hasta el coronavirus, éste era un sector muy restringido en España, con muy pocas empresas operando por las exigentes licencias que se requieren (entre ellas, de importación de productos sanitarios) y sin apenas fabricantes nacionales. Pero que ante la demanda brutal en todo el mundo "se ha metido mucho especulador".

Y añade un dato: por "suerte" para España, la pandemia aún no ha llegado en toda su virulencia a Estados Unidos, porque de haber sido así habrían arrasado con todo el stock y parte de la producción mundial. 

Según este proveedor, el Gobierno de China ha intensificado la vigilancia sobre sus fabricantes de productos sanitarios ante la enorme demanda internacional. Quiere controlar a quién y qué venden, consciente de que ahora mismo tener material sanitario es tener un gran poder.

Para mayor escarnio del Gobierno, el propio Sánchez se refirió el sábado en su comparecencia nocturna en La Moncloa a esta partida de test rápidos, y aseguró: "Se trata de test fiables, homologados. Y esto es muy importante: la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias". 

Tanto el Ejecutivo central como la embajada de China en España se han esforzado por aclarar que los 432 millones de euros de un acuerdo entre ambos países que anunció el miércoles el ministro Illa, y que aseguró está "cerrado y pagado", nada tiene que ver con esta partida de 9.000 tests. Pero las dudas se agolpan. 

Y en medio de la ventisca el secretario general del PP, Teodoro García Egea, exigió cuentas: "¿Quién se va a responsabilizar de este grave error?", sostuvo.