El juzgado investiga al alcalde de Benidorm por presunto acoso laboral

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, con Ángela Llorca, concejala de Bienestar Social

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, con Ángela Llorca, concejala de Bienestar Social

Toni Pérez ha comunicado la investigación a la que está sometido, que es extensiva también a la concejala de Bienestar Social, a 4 altos funcionarios y a 2 empleados municipales



El alcalde de Benidorm, el popular Toni Pérez, se ha encontrado con un revés imprevisto a poco más de un mes de las elecciones municipales. Una decisión judicial que sus rivales políticos utilizarán sin duda para menoscabar las posibilidades de repetir como primer edil de la capital turística.

Se trata de la investigación que ha iniciado el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, el cual ha abierto diligencias previas por la presunta comisión de un delito de acoso laboral sobre un funcionario del Ayuntamiento. En la causa se investiga no solo al alcalde benidormense, sino también a la concejala de Bienestar Social, Ángela Llorca, a cuatro altos funcionarios y a otros dos empleados municipales.

Ha sido, de hecho, el propio Toni Pérez, quien ha hecho pública la noticia de su investigación en una rueda de prensa a mediodía “en aras a la transparencia que nos caracteriza” y que ha convocado justo después de llegarles la notificación del juzgado a primera hora de la mañana.

En la cédula de citación, a la que ha tenido acceso ESdiarioCV, se indica que tanto Pérez como Llorca tendrán que prestar declaración en el juzgado el próximo 30 de mayo a las 11:30 de la mañana, un extremo que ha sido confirmado por ambos en el transcurso de la comparecencia pública.

Pese a todo, Toni Pérez ha dicho desconocer los argumentos de la denuncia así como el motivo de la misma por cuanto ha asegurado que no tenía “ningún dato más” de los que figuran en la notificación judicial.

No obstante, según ha podido confirma ESdiarioCV, la investigación del juzgado proviene de la denuncia interpuesta por el criminólogo municipal, el cual denunció hace ya algunos años supuestas malas prácticas por parte de otros funcionarios en la gestión del servicio de penados con trabajos en beneficio de la comunidad, del cual el criminólogo era el responsable.

Tras aquella denuncia del criminólogo, el gobierno local decidió abrirle un expediente que terminó con la suspensión de empleo y sueldo por espacio de tres años.

Finalmente, el criminólogo cumplió seis meses debido a que la justicia acordó la rebaja de la sanción municipal y la dejó en quince días de empleo y sueldo al estimar que el funcionario solo había cometido una falta, que calificó como grave, y no muy grave. Fuentes municipales han asegurado que el Ayuntamiento todavía no ha devuelto al criminólogo los haberes correspondientes al tiempo que estuvo suspendido, que ascienden a cinco meses y medio.

Hoy, el portavoz del grupo socialista, Rubén Martínez, ha afirmado que el alcalde “debería haber presentado la dimisión” por estos hechos y le ha acusado de “haberse posicionado en el lado de la parte supuestamente corrupta”.

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