Los vecinos de Iglesias huyen: se disparan los chalets en venta en La Navata

¿Le gustaría ser vecino de Pablo Iglesias e Irene Montero? A priori podría resultar tentador y hasta chic vivir junto al vicepresidente de Derechos Sociales y la ministra de Igualdad, pero parece que tiene grandes inconvenientes.

Tan grandes que lo que comenzó siendo un reclamo para la urbanización La Navata, un atractivo más, se ha convertido en un lastre, un hándicap. El número de viviendas en venta en la urbanización donde viven Iglesias, Montero y sus tres hijos se ha disparado, y ya se acerca al medio centenar. 

El cartel de "se vende" cuelga de 44 amplios chalets en las inmediaciones del de los líderes de Podemos, según los datos del portal Idealista, y hay una promoción de siete viviendas de obra nueva que a la constructora le está costando terminar de vender (quedan tres).

La zona idílica en plena sierra de Guadarrama y rodeada de vegetación y fauna local lo es menos por las desventajas que ha traído la presencia de tan ilustres vecinos a Galapagar. Sobre todo en los últimos meses.

Ayer entró en vigor otra instrucción del SE de Seguridad con relación a la protección de la vivienda (y alrededores) de @PabloIglesias e @IreneMontero. Entre las novedades, ampliación de la zona de seguridad y exigencia de que los vecinos portemos el DNI hasta para tirar basura. https://t.co/tsUYlCQaoR

— VecinosLaNavata (@LaNavata1) September 8, 2020

Los inconvenientes empezaron con la caseta que, a comienzos de 2019, la Guardia Civil tuvo que instalar en plena calle y no dentro de los 2.300 metros cuadrados de terreno del chalet porque Iglesias se negó a que ocupara parte de su parcela. Según él, fuera era mejor porque así la gente se lo pensaría dos veces antes de acercarse a su puerta. 

Pero el verdadero punto de inflexión se produjo a mediados de mayo, cuando un grupo de ciudadanos -la mayoría vecinos de Galapagar, pero no todos- decidieron concentrarse tarde tras tarde en las inmediaciones de la vivienda del vicepresidente y su familia. Y ya van cuatro meses, con el consiguiente despliegue de la Guardia Civil, el corte de la calle, la identificación de vecinos...

Hay días que hay tantos agentes como manifestantes, incluso más. Desde la Guardia Civil niegan a este periódico que haya un dispositivo fijo para proteger a los Iglesias Montero más allá de la garita de seguridad. Y añaden que dependiendo del día, según se les requiera, activan las patrullas de la zona de Galapagar y El Escorial. 

Pero las imágenes y vídeos que diariamente cuelgan quienes participan muestran, en ocasiones, a decenas de uniformados. Y aseguran que en alguna ocasión han llegado a contar casi cien agentes.

Tan hartos están los vecinos que el presidente de la comunidad de propietarios de la urbanización Riomonte de La Navata firmó este jueves un manifiesto con el alcalde socialista y buena parte de la corporación municipal (salvo el PP y Vox) pidiendo que se ponga fin a esta situación:

"Las concentraciones que se realizan a diario en el domicilio particular de don Pablo Iglesias y doña Irene Montero se han convertido en una situación insostenible para ellos y para todos los residentes de esa calle y colindantes, quienes se han quejado por las molestias ocasionadas por dichas concentraciones que no son, en ningún caso, deseables en un Estado de Derecho por vulnerar el derecho a la intimidad personal y el derecho al respeto de su vida privada y familiar", reza su texto, leído por el alcalde en un acto en presencia del presidente de la comunidad y también de los portavoces municipales del PSOE, Ciudadanos, Unidas por Galapagar y Más Madrid Galapagar.

El acto de condena a los escraches a Iglesias y Montero celebrado en el Ayuntamiento de Galapagar.

"Rogamos por ello a los galapagueños y al resto de personas que acuden a la urbanización La Navata a que cesen de personarse en dicha localización por la convivencia en nuestro municipio", continúa.

El PP se desmarcó porque, aunque condenan los escraches, los populares creen que el alcalde lo que debería hacer es pedir más efectivos a la Delegación del Gobierno para suplir a los que están desplegados en La Navata. 

Desde la Delegación explican a ESdiario que si fueran más de 50 personas las que se concentran, al no ser manifestaciones comunicadas a la autoridad la Guardia Civil procedería a su disolución. Pero no suelen ser más de 20 o 30 personas. Así que no pueden hacerlo.