La Agencia Antifraude, contra el "enriquecimiento injusto" al que recurre Oltra

El director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunidad Valenciana, Joan Llinares, se ha mostrado abiertamente en contra de la figura del “enriquecimiento injusto”, utilizada por ejemplo por la Conselleria d'Igualtat de Mónica Oltra.

A través de Twitter Llinares explica que “el pago mediante esta fórmula de derecho privado se introdujo para eludir la contratación administrativa y el control del gasto. La corruptela no es nueva. Datos de la Intervención y Sindicatura indican que se practica impunemente hace muchos años. Hay que poner fin”.

Interesante. El pago mediante esta fórmula de derecho privado se introdujo para eludir la contratación administrativa y el control del gasto. La corruptela no es nueva. Datos de la Intervención y Sindicatura indican que se practica impunemente hace muchos años. Hay que poner fin

— Joan-A. Llinares (@llinaresjoan) 18 de marzo de 2018

Llinares respondía así al anuncio por la misma vía del colaborador de ESdiarioCV y experto antifraude Juan Carlos Galindo de la próxima publicación de un artículo explicativo de lo que el auto considera el “nuevo Módus Operandi de la corrupción pública en la Comunidad Valenciana”.

La práctica del “enriquecimiento injusto” está siendo objeto de debate a raíz de la apertura de diligencias de investigación a instancias del PP por parte de la Fiscalía sobre un supuesto fraccionamiento de contratos en servicios de limpieza de centros sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y de pagos por la vía de enriquecimiento injusto que sumarían más de 43,7 millones de euros.

Según Oltra el grueso de ese montante corresponde a residencias de ancianos y a plazas del sistema de acceso diseñado por el PP “para pagar a sus amigos plazas públicas en residencias privadas”. Pese a que ese sistema fue declarado en parte ilegal por el TSJ en febrero de 2016, el Consell ha tardado año y medio en preparar “un nuevo contrato legal”.

Para el PP estaríamos ante un delito de prevaricación puesto que se buscaría evitar licitaciones y eludir la fiscalización de la Intervención.

Según Oltra Intervención sí ha intervenido, fiscalizando como toca. Y la mayor parte de esos 43,7 millones corresponde a servicios para residencias de ancianos que ha habido que ir pagando para no dejarlos en la calle. Oltra insiste en que el enriquecimiento injusto es "una figura legal", pues se trata de "un servicio que no puedes dejar de prestar y pagas la factura de esas plazas".