09 de abril de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Delgado y la “amnistía” al “procés”: así se las gasta el ofuscado Sánchez

Obsesionado con no naufragar por la presión del separatismo, Sánchez emprende una huida hacia adelante con nulo respeto a la legalidad. Éstos son sus pasos.

 

 

 

Oriol Junqueras y Gabriel Rufián  están cogiendo especial gusto a manejar esa espada de Damocles que pende sobre la gobernabilidad de España. “Sería absurdo soltar el mango de la sartén”, reconoce el alto mando de ERC, aunque públicamente den rienda suelta al deseo de Pedro Sánchez de recuperar el control aprobando unos nuevos Presupuestos antes del verano. Los guiños del Gobierno al independentismo, entretanto, se suceden.

Compatible con las pretensiones secesionistas será este jueves el examen en comisión parlamentaria de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, para dirigir la Fiscalía General. Una vez en el cargo, tiene en su mano nombrar piezas claves de la carrera judicial, que serán, claro está, del gusto de Sánchez, con lo que se limitará a la mínima expresión la separación de los tres poderes del Estado. Todo ello buscando contentar a sus socios y la exigencia de “amnistía” de sus dirigentes presos, aunque sea por una puerta de atrás “legal”.

En este mismo sentido debe entenderse la obstinación con la que vive el presidente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, convertido ya en el último muro de contención ante la evidente intención de debilitar la entereza del marco constitucional.

Ese y no otro era el objetivo último de Pedro Sánchez en su reunión con Pablo Casado que supo moverse con la suficiente cintura para poner en jaque el plan. ¿Y a partir de aquí qué?

El respeto a la legalidad

El Gobierno de coalición progresista vive sumergido en sus contradicciones. Su actuación bajo el parámetro de la doble vara de medir queda en evidencia constantemente. El respeto por la legalidad se supedita al interés puramente personal de Pedro Sánchez.

Así, por ejemplo, el Consejo de Ministros ha decidido llegar a los tribunales con el llamado “pin parental”, la medida de la Región de Murcia, gobernada por PP y Cs con el respaldo externo de Vox, que permite a los padres autorizar o no de forma previa la asistencia de sus hijos a determinadas actividades escolares.

 

En el caso de la autonomía gobernada por el popular Fernando López Miras, el Gobierno de la nación en ningún caso ha contemplado la “desjudicialización” de la política. Lo contrario de lo que predica para Cataluña.

Agotado el plazo de un mes dado a la Consejería de Educación para retirar la herramienta, recurso al canto. Lo que contrasta con los ya tres meses de “estudio” sobre las resoluciones a favor del derecho de autodeterminación aprobadas en el Parlamento catalán en noviembre. Es una discriminación gubernamental que siempre beneficia a quienes lo apoyan políticamente y perjudica a los rivales.

 

 

En un ejercicio de cinismo revestido de moral, la ministra portavoz María Jesús Montero llegó a considerar compatible ese “rasero a la carta”, una acción y su contraria, porque “la política no puede esconderse detrás de las togas”.

Únicamente desde la desfachatez puede defenderse tal oportunismo. La gravedad de esta anomalía solo la supera el hecho de que no parecen tener tampoco intención de rectificar. Al menos, mientras la Legislatura esté supeditada a los tratos de Sánchez con ERC.

A la espera de acontecimientos, Gobierno y Generalitat catalana negocian entre bambalinas y han consensuado no dirimir en el Tribunal Constitucional media docena de invasiones competenciales. “Es voluntad de este Ejecutivo reducir los litigios gracias a la política”, repiten.

Eso sí, lo que sirve para Cataluña no vale para Murcia. Pedro Sánchez vive ofuscado con que de  naufragar sus tratos con los independentistas catalanes su mandato se frustrará. Es su obsesión. De la necesidad hace virtud. 

 

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