El futuro político de la Comunidad se juega en la Ley Electoral

Como todo lo que concierne al mundo del Botànic la nueva Ley Electoral valenciana requerirá de mucha negociación efectiva, en la que se verán involucrados no sólo PSPV, Compromís y Podemos, sino también Ciudadanos y los no adscritos. Es decir, todos menos el PP, que a día de hoy sigue siendo el partido más votado.

Formalmente ha habido una comisión de estudio, con decenas de comparecencias durante más de un año, que aprobó un dictamen unánime con los posicionamientos de todos los grupos, que a su vez propiciará un borrador de proposición de ley con “los puntos en común de ese dictamen”, según Fran Ferri, síndic de Compromís.

El secretario general popular en Corts, Luis Santamaría, dice sin embargo que a su grupo se le margina. Y que eso es una “barbaridad” porque estamos hablando de cambiar la norma que junto al Estatut constituye “el edificio institucional básico de una comunidad autónoma”. Y manda a la carga a la Brigada Ligera al afirmar que el Consell tiene “poca capacidad de diálogo, la frente muy alta y la lengua muy larga”.

Fran Ferri, el negociador de Compromís, rebate desde el Acorazado Potemkin que el PP está “en contra de la pluralidad” (rebaja del listón electoral), está “en contra de la igualdad entre hombres y mujeres” (igualdad en listas por ley), y prefiere que los partidos tengan “más poder que la ciudadanía” (listas desbloqueadas).

Alicante y la barrera electoral

Actualmente para acceder a Les Corts los candidatos deben haber sido presentados por formaciones que obtengan el 5% de los votos emitidos en la Comunidad. Eso ha hecho que históricamente el Bloc (una de las actuales patas de Compromís) se quedara a las puertas. Alicante siempre ha sido su punto débil. Lo mismito que le pasó a EU en 2015, con más de cien mil sufragios que no sirvieron de mucho.

La coalición nacionalista aboga por imponer el 3% provincial. Los socialistas quieren imponer un doble filtro (provincial y autonómico) y los no adscritos y partidos pequeños (Contigo, Som Valencians, Demòcrates Valencians, Vox) cuanto menos trabas para entrar el parlamento, mejor. Ciudadanos apuesta de entrada por el 3%, pero autonómico.

El riesgo es que la cámara se atomice y la gobernabilidad quede comprometida, como remarca Santamaría. Los partidarios de las rebajas inciden en cambio en la cultura de la negociación y el consenso por contraste con las mayorías absolutas de PSOE y de PP.

Sobrerrepresentación de Castellón

La readscripción provincial de escaños trae encés en flames al PP de Castellón, que teme una rebaja en su caso con la excusa de la población (sabido es que hay provincias españolas sobrerrepresentadas) y de la comarcalización.

Cargarse la circunscripción provincial no va a poder ser porque está consagrada en la Constitución y el Estatut actual. Pero avanzar en esa idea reasignando escaños en detrimento de un claro feudo popular no es descartable. De hecho sólo el PP defiende que en este terreno las cosas se queden como están, en aras a la “vertebración del territorio”.

Otros cambios

Y luego está lo de las incompatibilidades. La tendencia mayoritaria en la izquierda y el centro es la de dejar que sus candidatos puedan presentarse a la vez en listas autonómicas y locales, pero que a la hora de la verdad elijan uno de los dos cargos: o diputado, o concejal/alcalde, según publica ABC. Rita Barberá, alcaldesa que fuera de Valencia, siempre defendió lo contrario. Es decir, lo bueno que era para su ciudad que la primer edil dispusiera también de un escaño en Les Corts desde el que tener fácil interlocución con los consellers.

Hay -va a haber- más asuntos de debate: listas con cuotas y cremallera, desbloqueadas … El PP apuesta por “dejar cierto margen a los partidos”, y la capacidad del candidato de elegir a su equipo. Al menos ciertos líderes de Ciudadanos asumirían esa idea.

Pero las líneas generales del debate ofrecen poca duda. Habrá dos oportunidades de intervenir en el parlamento, una en comisión y otra en el pleno, que al PP le parecen pocas. El resultado también parece cantado: con la mayoría reforzada de dos tercios que marca el Estatut será suficiente para aprobar la ley, y esa mayoría sale sin el PP, al que C's en este asunto no parece dispuesto a apoyar.

La estrategia de los populares pasa por intentar impedir que unos cambios tan poco favorecedores para sus intereses prosperen a tiempo para la cita electoral de 2019. Y para ello reclamarán que la ley tenga vocación de continuidad y no de mera adaptación a la “realidad electoral actual”, y que haya unanimidad en la cámara para su aprobación.