La jubilación por decreto, otro disparate de un Gobierno sin rumbo

Pedro Sánchez le está tomando gusto a gobernar por imposición y cada día nos sorprende con alguna medida, anuncio o proyecto listo para ser aplicado con el decreto ley de rigor. El penúltimo es la recuperación de la jubilación forzosa por cuestiones de edad, una medida descartada en el pasado por su inconveniencia para el sostenimiento de nuestro precario sistema de protección social y, en esencia, por coartar la libre elección de un ciudadano a estirar su vida laboral hasta donde desee.

Pero para el presidente del Gobierno cualquier acción llamativa vale para su huida hacia adelante. Por supuesto, no toma en cuenta las opiniones y advertencias de la mayoría de los expertos; e incluso de esos agentes sociales con los que, asegura, haber alumbrado al alimón esta propuesta para su “agenda del cambio”. Y el primer factor que desaconseja adelantar y fijar, como una obligación, el fin de una trayectoria laboral es que va en contra de la tendencia que se está siguiendo en Europa.

Atrasar la edad de retiro y cotizar más años a la Seguridad Social está siendo la norma más seguida en Europa

Atrasar la edad de retiro y cotizar más años  a la Seguridad Social está siendo la norma más seguida en nuestro entorno, pues se considera una obligación del Estado facilitar que cualquier persona que desee mantenerse en activo no encuentre barreras administrativas. Más todavía si con la prolongación de su actividad se crea empleo.

Necesitamos cotizaciones

Y si, como es el caso, nos encontramos en un país como España, con los porcentajes de déficit que arrastra, es un despropósito renunciar a estos ingresos adicionales. Según la Encuesta de Población Activa, en España hay más 180.000 ocupados mayores de 65 años, de los que 45.000 tienen más de 70 años. Y si atendemos a las sombrías perspectivas demográficas que se nos presentan, ese porcentaje debería subir a la fuerza para tratar de equilibrar el sistema de protección social.

Un último argumento al que apelan los especialistas tiene que ver con el contraproducente intervencionismo del Gobierno en un asunto que debería quedar en el ámbito de la negociación colectiva. Lo mismo que sucede con el interés del Ejecutivo de Sánchez en imponer los horarios laborales, estas y otras relaciones de trabajo han quedar entre empresarios y sindicatos.

En un país como España, con los porcentajes de déficit que arrastra, es un despropósito renunciar a estos ingresos adicionales

Por experiencia, y por lo general, este tipo de acuerdos resultan más satisfactorios cuanto más al margen se mantiene la Administración, que en todo caso ha de permanecer al servicio de las partes para arbitrajes o para velar por el cumpliendo de lo pactado. Sin más.

Una circunstancia que un “gobierno de expertos”, como catalogó Sánchez a su consejo de ministros cuando desembarcó en La Moncloa, habría de tener muy claro. Pero a diario nos arroja ejemplos de todo lo contrario.

Y entre esta desorientación, y la precariedad que arrastra un Ejecutivo sustentado solo en 84 diputados, va desenvolviéndose el mandato de Sánchez. Sin rumbo fijo, a golpe de medidas de impacto, con incoherencias, desmentidos y disparates diarios, y echando mano del decreto como arma de gestión. Una carrera hacia ninguna parte, en fin, que no busca más beneficio que el provecho electoral que pueda sacar Sánchez.