21 de septiembre de 2019
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

El rastro de varias transferencias bancarias por el 1-O acorrala a Junqueras

Puigdemont hablando por teléfono. Delante, Junqueras.

Puigdemont hablando por teléfono. Delante, Junqueras.

El juez Llarena meterá una marcha más a la investigación del referéndum ilegal a partir de este lunes tras recibir documentación acerca de escuchas telefónicas y movimientos bancarios.

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena se dispone a revolucionar la investigación judicial sobre la trama golpista del 1-O, tal como adelantó ESdiario el miércoles.

Y lo va a hacer esta próxima semana, cuando concluirá el plazo de 15 días que el juez fijó el pasado día 12 al abrir una pieza secreta paralela a la macrocausa que ya investiga por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos a los principales líderes del procés.

Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, Llarena tiene previsto lanzar un paquete de medidas, entre ellas una que la Fiscalía y la Guardia Civil considera decisiva: citar a declarar a Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consellería de Economía y Hacienda y el guardián de todos los más oscuros secretos del referéndum ilegal del 1-O y su preparación.

Según estas fuentes, la razón por la que el magistrado decidió declarar secreta está pieza ha sido el "carácter más que sensible" de las nuevas pruebas aportadas. Se trataría de unos nuevos pinchazos telefónicos  "muy reveladores" sobre el papel de Junqueras en el diseño y la financiación del 1-O.

Los investigadores de la Guardia Civil han aportado estas nuevas escuchas y también relevante e inédita documentación sobre movimientos y transferencias bancarias entre distintas cuentas de la Generalitat en España y en el extranjero. Varias de ellas en Bruselas y que tendrían como objetivo algunos gastos de los grupos parlamentarios de ERC y PDeCAT en el Parlamento Europeo.

Las que Llarena impulsará este lunes son, en realidad, las primeras diligencias meramente investigativas que lleva a cabo el instructor del Supremo. Hasta ahora se ha limitado a interrogar a los imputados -Junqueras, los exmiembros del Govern no fugados, los Jordis y Forcadell y el resto de la Mesa del Parlament- y volver a escuchar a los imputados que siguen encarcelados y que han reclamado su puesta en libertad. Es decir, Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Precisamente este viernes, Llarena ha dado traslado a la Fiscalía y al resto de las partes personadas en la causa de los escritos en los que el exconseller de Interior Joaquim Forn y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez solicitan ser excarcelados para que informen, en el plazo de cinco días, si están o no de acuerdo con esta petición.

 

 

Josep María Jové, la "caja fuerte" del procés que Llarena se dispone a abrir la próxima semana.

 

Cabe recordar que sobre la mesa de Llarena hay documentación que procede tanto de la Audiencia Nacional -tras la inhibición de Carmen Lamela- y otra mucho más relevante del Juzgado 13 de Barcelona, cuyo titular es el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, que investigó el acoso a los guardias civiles que accedieron a la sede de la consejería de Junqueras. Documentación determinante para los próximos pasos del Supremo.

El juez tiene en su poder unos nuevos pinchazos telefónicos  "muy reveladoras" sobre el papel de Junqueras en el diseño y la financiación del 1-O.

Entre estos papeles, según las fuentes consultadas, se hallan también documentos con transferencias para el 1-O con origen en cuentas públicas de la Generalitat y destino en las arcas de la ANC y Ómnium Cultural.

Y a partir de este lunes, tras la decisión del juez de no interferir en la solemne constitución del nuevo Parlament, Llarena va a reactivar también la segunda derivada de sus investigaciones.

Interrogará como imputados al expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la número dosde ERC, Marta Rovira; la dirigente de la CUP Anna Gabriel; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal; la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Mireia Boya; y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras.  

Puede ser el golpe de gracia judicial al procés y un aviso a navegantes ante una posible vuelta a las andadas.

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