Un informe de Sanidad refrenda los aumentos de las listas de espera en La Ribera

Un demoledor informe de Sanidad, al que ha tenido acceso ESdiarioCV, demuestra que las listas de espera en La Ribera crecieron notablemente tras nueve meses de gestión pública directa.

El informe oficial, solicitado al amparo de la Ley de Transparencia por la anterior concesionaria, Ribera Salud y firmado el 25 de febrero de 2019 pero referenciado a diciembre de 2018, ofrece datos muy reveladores.

En primer lugar, si nos vamos a las demoras por especialidad en cirugía aumentaron un 10%, pasando de 60 a 66 días. Algunos casos concretos: otorrinolaringología aumentó un 41,06%. De 43 a 61 días; ortopédica y de trauma creció un 31,15%, de 61 a 80; cirugía pediátrica subió un 30,55. De 42 a 55 días; y en neurocirugía, empeoró un 14,75%, de 61 a 70 días.

Pero es que además los pacientes que esperaron más de seis meses una cirugía ortopédica o de traumatología aumentaron en La Ribera un 2.000% desde 2017. Y en general, quienes aguardan más de esos seis meses una cirugía eran de media un 1.000% más.

En los centros de especialidades del departamento de La Ribera esperaron casi un mes para una consulta.

Y en cuanto al índice de ocupación del hospital, se situó en el 101%, lo que supone que a poco que haya más pacientes que acudan al hospital -como cuando hay un brote de gripe- se llegue a tener una ocupación que obliga a dejar pacientes en los pasillos o a duplicar o triplicar habitaciones.

 

Todo eso, con una plantilla que para el Hospital de La Ribera aumentó en 644 personas en solo siete meses y medio, un 31% más de los 2.050 trabajadores con que contaba la concesionaria en marzo de 2018, según un segundo documento oficial de Conselleria de fecha 12 de marzo de 2019.

Las reversiones sanitarias llaman a las puertas del 28-A

La ideología ha marcado la vuelta a la gestión pública directa del Hospital de Alzira y parece que lo hará de forma anticipada en Denia. Los argumentos de campaña están servidos.

En el caso de La Marina estaríamos hablando de un proceso de reversión basado en la compra anticipada de las acciones de los socios que llevan la gestión en ese área de salud. Un asunto que el presidente Ximo Puig anunció hace tres años que estaría resuelto antes del final de esta legislatura, y que recientemente anunció que llevaría a cabo con acuerdo o sin él. Esta semana ya ha matizado que lo que haría es iniciar el proceso, algo que sus socios de Botànic, especialmente Podemos, va a utilizar para afearle que no haya completado el proceso.

En La Ribera, como es sabido, se trataba de no renovar la concesión que gestionaba Ribera Salud. La ex-consellera Carmen Montón llegó a decir que la vuelta a la gestión directa de Conselleria se haría por razones ideológicas. Este mes se ha cumplido el primer año de gestión pública directa, tras un proceso ahora conocido como “internalización”, que sólo a la administración parece haber convencido.

De hecho en un debate celebrado el pasado lunes en 7 Televalencia con motivo de dicho aniversario, la Directora General de Eficiencia y Régimen económico de la Conselleria de Sanidad, Carmelina Pla, aseguraba que con el cambio de gestión “estamos de enhorabuena”, defendía que La Ribera ahora es servicio público, que la administración ha invertido 7,8 millones de euros este año contra la “obsolescencia”, y que ahora hay más especialidades.

Enfrente tenía al ex-gerente en La Ribera, Javier Palau, que aseguraba que Ribera Salud ya invirtió 140 millones, calificaba de “cosa obsoleta” la creación de una unidad de pre-ingreso, y aseguraba que llevar “algún especialista” no es aumentar el número de especialidades.

Por su parte el presidente del sindicato CSIF, Daniel Matoses, calificaba este año de “decepcionante pero esperable”, y recordaba a Pla que durante la concesión Alzira y su zona también eran “servicio público”.

La cuestión laboral

Carmelina Pla defendía que en este año se han creado más de 450 nuevos empleos, que el personal está contento porque ahora tiene menos carga de trabajo, y que las listas de espera habían pasado este año -marzo de 2019- de 62 días a 54.

Daniel Matoses en cambio aseguraba que hay “frustración” y un “descontento generalizado” en el personal laboral a extinguir por el cambio de condiciones y aumento de jornada, que por primera vez el Comité de Empresa unánimemente se “plantó” para exigir cobrar los incentivos, que el aumento de personal se traduce en que hay mucha gente en algunos servicios y poca en otros, y que las listas se han duplicado en algunas especialidades.

Sobre esta cuestión Javier Palau aseguraba que los nuevos trabajadores los tendremos que pagar entre todos, y que se les ha contratado para hacer menos trabajo, como se demuestra en que, pese a lo dicho por Pla, ahora hay más lista de espera según los datos enviados por la Generalitat a la empresa Ribera Salud a petición de ésta y firmados por la directora general de asistencia sanitaria (de los que tienen amplia referencia más arriba). Y que en cualquier caso las listas de espera dependen de a cuantas personas se meta en la lista. Según Palau, ahora entra un 22% menos de pacientes.

(Pasillos del Hospital de Alzira, la semana pasada)

Denia, la siguiente en la lista

Respecto al futuro de la gestión en el área de La Marina, Pla defendía que el anuncio del presidente del rescate “con acuerdo o sin él” se hará “desde la plena seguridad jurídica” mediante la “resolución unilateral establecida en la legislación vigente”, a través de los “mecanismos” del contrato en aras al “interés público”, por lo que no habrá “expropiación”. La directora general descarta poder pagar a la empresa gestora con la que no se ha llegado a un acuerdo “más del valor teórico contable”, que cifra en 16 millones, cantidad hasta ahora insuficiente para DKV.

Para Matoses lo que pasa en Denia es que los titulares de la concesión están perdiendo dinero y por eso se quieren ir.

Para Palau lo que habrá que ver es cuál es de verdad el “interés público”, habida cuenta de la existencia de informes como el del Síndic de Comptes que dicen que la colaboración público-privada ahorra alrededor de un 25% a las arcas públicas, según Palau porque utilizan “herramientas más modernas” de gestión.

A este respecto Pla negó que el Síndic hubiera tenido en cuenta todos los datos necesarios, como los expedientes de enriquecimiento injusto”. Matoses contestó anticipando que “os vamos a pedir los datos de valoración económica de este primer año (en La Ribera) porque pueden ser demoledores”.

Según Pla el sistema “no funcionaba” porque los contratos “no tenían control”. Matoses le recordó que para llevar el control de la concesión ya estaba la figura del “comisionado” de la propia Conselleria.

La representante del Consell, a pesar de los casos de La Ribera y La Marina, acabó por defender las colaboraciones público-privadas, pero “sólo cuando es necesario”. Matoses le recordó que el socialista Joan Lerma fue quien empezó a externalizar servicios porque lo “público-público no tiene estructura para atender a los ciudadanos”, como se demuestra en La Fe, hospital público de referencia en el que el 40% de sus servicios están en manos privadas. “Como para jugar dogmáticamente”, remató el sindicalista.

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