Sánchez se agarra a una ley franquista para ocultar información en plena crisis

Mientras los españoles miran con desasosiego las noticias, preocupados por las enormes consecuencias generadas por el coronavirus, el Gobierno sigue con su estrategia de opacidad. No sólo en lo que se refiere a la crisis sanitaria, sino que continúa evitando hablar del uso reiterado del avión presidencial y de su coste.

De hecho, de nuevo ha vuelto a defender ante Vox que los viajes que realiza Pedro Sánchez utilizando un avión Falcon del Ejército del Aire sean considerados material clasificado y que, por tanto, no se puedan dar detalles adicionales sobre los mismos. En todo caso, ha subrayado además que "no es posible conocer el coste unitario" de cada uno de esos desplazamientos.

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 En su contestación, el Gobierno recalca que según la legislación vigente sobre secretos oficiales,  una norma firmada por Francisco Franco en 1968 y un acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986,  "tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección".

En concreto, cita una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de 2017 en la que se indica que "la información proporcionada no podrá referirse a aquellos viajes o acompañantes, cuando se trate de viajes que hayan sido clasificados como materia clasificada".

Asimismo, se remite a una resolución del Consejo de Transparencia de 2016 según la cual, la documentación que se proporcione sobre este particular "no incluirá datos de vuelos cuya información haya sido clasificada antes de ser proporcionada al Ejército del Aire por venir referida a la Presidencia del Gobierno".

Moncloa argumenta que los gastos no ser pueden desglosar

Además, respecto a los gastos derivados del uso del Falcon el Gobierno, ha señalado que "los costes operativos de la actividad de las aeronaves que forman parte del Grupo 45, y de los helicópteros de autoridades del Ala 28, se sufragan con cargo a las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento ordinario de las unidades, por lo que no es posible conocer el coste unitario de un viaje del presidente del Gobierno".

De esta manera, el Gobierno intenta ocultar el gasto extraordinario que supone que Sánchez tenga a su disposición de forma permanente un avión para realizar todos sus viajes, amparándose en una ley franquista de la que se sirven cuando gustan para evitar informar a los ciudadanos.

Sánchez debía haber declarado secretos cada uno de los vuelos

Sin embargo, lo que el Ejecutivo no dice es que la norma deja claro que el Consejo de Ministros debe rubricar un acuerdo por cada expediente que Presidencia quiera ocultar, algo que el Gobierno no hizo.

De hecho, tal y como señaló ABC, entre enero de 2018 y noviembre de 2019, el gabinete de Sánchez nunca cumplió con este precepto, saltándose los trámites pertinentes, por lo que a pesar de que el Gobierno insiste en que cumple con la legislación vigente, no es así.

Incluso el Consejo de Transparencia, al que se agarran desde Moncloa para justificar su negativa a facilitar la información, ya afeó la conducta del Gobierno, señalando, precisamente que Sánchez no "aporta ni normativa concreta ni acto de clasificación expreso", por lo que está obligado a explicar a los ciudadanos cuánto cuesta su pasión por el Falcon.