| 17 de Marzo de 2024 Director Antonio Martín Beaumont

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Los ayuntamientos hacen frente a la ministra Montero por su treta "chantajista"

Indignación entre los alcaldes de todo el país por la escandalosa maniobra de Hacienda para permitirles usar su superávit en los gastos sanitarios derivados de la crisis del coronavirus.

| M.V. España

Los ayuntamientos de toda España han venido pidiendo, casi rogando, a María Jesús Montero que les permitiera poder utilizar su superávit para hacer frente a las necesidades sanitarias ante la crisis sanitaria ante la crisis del coronavirus. Como por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de Gasto de Cristóbal Montoro los ayuntamientos no pueden acceder a ese saldo presupuestario, necesitaban el permiso de Hacienda. Después de meses de silencio, parece que Montero ha cedido, aunque las condiciones han generado una gran polémica.

De acuerdo con la propuesta del Ministerio de María Jesús Montero a la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), las entidades locales que quieran usar su superávit en ayudar a sus ciudadanos se lo tendrán que prestar primero al Estado, que luego se lo devolverá como ingresos no financieros. 

Con esta expropiación encubierta, el Gobierno pretende que los ayuntamientos hagan un préstamo de sus ahorros a las arcas públicas y luego se les devolvería mediante dos ingresos en 2020 y 2021 de 5.000 millones de euros, que es lo que ahorraron en 2019. El resto, se lo queda Hacienda y se lo reintegrará a sus dueños en un plazo de diez años. En total, los municipios tienen ahorrados 14.000 millones, que pasarían a manos de Montero.

 

Parte importante de tales recursos proviene del Ayuntamiento de Madrid, que desde el comienzo de la crisis de la Covid-19 ha reivindicado que los municipios puedan emplear sus ahorros para financiar programas de lucha contra la crisis sanitaria y económica.

A muchos regidores, como es lógico, ha indignado la propuesta de Montero. Por ejemplo, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha tachado de "auténtico chantaje" a los ayuntamientos el planteamiento del Ministerio de Hacienda. Es más, ha anunciado que pedirá todos los informes jurídicos correspondientes, internos y externos, y no descarta incluso acudir a los tribunales.

"¿Cómo que me va a dejar usar parte de mi remanente y usted se queda con la otra parte? Ese dinero es de los ayuntamientos y lo que tiene que hacer es autorizar ya su utilización", ha sostenido Salado, quien ha añadido que ese dinero no solo se inyecta a la ciudad o municipio correspondiente sino que beneficia al conjunto de la comunidad autónoma y de España.

Todo para los ayuntamientos pero sin los ayuntamientos

El alcalde de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias, José Mª Bellido, también menciona el calificativo "chantaje". Por su parte, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha aclarado a Montero que "lo que se pide desde el municipalismo no es un préstamo, no pedimos financiación sino permiso para usar nuestros ahorros, que se han formado a lo largo de los años gracias a los tributos e impuestos.

 

"El Gobierno nos pide que le demos todos nuestros ahorros para que ellos a su vez nos aporten solo el 35 por ciento y el resto nos lo devuelvan a lo largo de diez años desde 2022 y encima pudiéndolo gastar solo en lo que ellos quieren", ha sintetizado el alcalde, para quien la medida es "una especie de despotismo ilustrado acuñado por la señora Montero de 'todo para los ayuntamientos pero sin los ayuntamientos'".

Desde el PSOE y Unidas Podemos también han mostrado su rechazo frontal al planteamiento de Hacienda, aunque reconocen que sólo conocen la propuesta por lo publicado en los medios de comunicación.