Puig siempre habla de diálogo pero no se ha reunido con la Concertada en 4 años

Vicente Morro

Vicente Morro

Si el Tribunal Supremo confirma la recuperación de aulas sentenciada por el TSJ, la Generalitat tendrá que indemnizar a los centros y las familias podrán reclamar por perjuicio patrimonial.

Los colegios concertados de la Comunidad Valenciana están desarrollando una campaña con el lema #YoElijo, en el marco del Manifiesto por la Educación en Libertad presentado por el cardenal Antonio Cañizares en octubre. En este contexto compartimos charla y café con Vicente Morro, portavoz de la campaña para conocer el estado actual de la educación concertada valenciana.

¿Cómo están de verdad las cosas? El presidente Ximo Puig dice que ahora hay más unidades concertadas que en 2015.

No puede haberlas cuando se han suprimido unidades de bachiller. Para los que expulsan del centro es un palo tras toda su vida escolarizado en un colegio. No tiene mucha lógica que por una decisión de la administración los obligues ahora a cambiar de centro.

Ellos juegan con los datos a su favor. Son sólo 21 aulas, dicen, pero para los afectados es como si fuera la única en el mundo porque les has cortado su proceso educativo con la gente con la que ha ido al cole desde infantil.

 

Si el Supremo refrenda al TSJ, las familias podrán reclamar a la Administración por perjuicio patrimonial.

Nosotros entendemos que no está justificado recortar posibilidades de acceso a la educación concertada. Con estas medidas (supresión del distrito único, modificación de las normas de admisión, reducción ratios) se quiere forzar el trasvase alumnos a la pública. ¿Por qué? Porque en la concertada están al 95-98% de alumnos y en las otras tienen sólo 18-19 alumnos en vez de 25 de ratio.

Con la implantación de aulas de 2 años gratis sólo en centros públicos salvas la poca demanda (en los públicos) con crecimiento vegetativo porque lo normal es que tiendan a quedarse. Y crea efecto llamada. Y no tienen que volverse a baremar cuando lleguen a 3 años. El mayor peligro lo tenemos en las unidades de infantil. Si no entran al centro alumnos de 3 años, al año siguiente vas a perder la unidad; luego la de 4; y al final es un cierre en diferido de una línea del colegio. ¡Claro que es un problema serio!

 

Puig nos dijo: “volved a solicitarlo y os recibo”. Pues sigue sin llamarnos ni acusar recibo.

¿Y en términos de libertad de elección?

Teóricamente hay posibilidad de elegir pero en realidad no es así. Aunque puedas rellenar 10 centros (concertados), con el actual sistema de baremación y los 19 distritos que ahora tienes es muy difícil coger un centro que no esté en tu distrito. Está estudiado para que sea difícil que te puedas ir a un centro de otro distrito.

¿Es imposible elegir?, no. ¿Es cada vez más difícil?, sí. Si no hubiera habido la serie de recursos judiciales que ha habido contra la retirada de conciertos y las movilizaciones que ha habido, por supuesto que esto hubiera ido a más.

 

No son privilegios, son derechos. Ni se busca negocio, porque una plaza en un concertado es un 50% más económica que en uno público.

Entonces, ¿han notado un cambio de actitud en el Consell?

Este año la conselleria no ha actuado con la prepotencia con la que actuó el año pasado y con la prepotencia que anunció nada más entrar. El conseller dijo en 2015 “se ha acabado la barra libre para la concertada”, que era una declaración de intención de que iba a poner freno a un modelo educativo que está reconocido en la Constitución, en el ordenamiento jurídico ordinario (LODE, LOE, …) pasando a considerarla una red subsidiaria y residual. Si nos hubiéramos quedado parados el futuro era negro.

La devolución de unidades como consecuencia de las sentencias judiciales adversas a Conselleria, ¿en qué ha quedado?

Ha habido recursos contra el decreto y recursos por la supresión de aulas concretas. Todos los recurrentes han ganado, pero no son sentencias firmes. Teóricamente las aulas están recuperadas. Cuando se pronuncie el Tribunal Supremo (TS) pueden pasar dos cosas: que se confirme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), y entonces la Administración tendrá que indemnizar a los centros y los centros supongo lo repercutirán a los padres a los que a lo mejor les ha tocado hacer una aportación o les ha tocado irse a un colegio privado. Entiendo que las familias podrán reclamar a la Administración por haberle causado un perjuicio patrimonial. Esto no puede ser borrón y cuenta nueva. Ha habido colegios cuyas asociaciones de padres han tenido que financiar profesores, actividades … Y la otra opción es que, si se da la razón a conselleria, se pierdan esas aulas. La decisión del TS no tardará mucho, creo, no más de año o año y medio más de lo que ya llevamos.

 

Cuanto más reduzcas la capacidad de elección, más obligas a que todos los alumnos que de un centro sean de unas características socio-económicas iguales.

En materia de diálogo y trato, ¿aprecian ustedes diferencias entre Vicent Marzà (conseller) y Ximo Puig (presidente)?

No ha habido ninguna diferencia entre la actuación del presidente y la del conseller. Para mí Puig, Marzà y Miguel Soler (secretario autonómico) son exactamente igual, porque Soler ha estado poniendo en práctica y ratificando las medidas y en algún caso siendo más radical. El papel de poli bueno, poli malo no lo veo. Hay gente en el sector que sí. El conseller ha hecho su programa pero el presidente lo ha tolerado.

¿Con el presidente han hablado?

El presidente siempre habla de diálogo … La Mesa por la Educación en Libertad le ha pedido al presidente por lo menos en cuatro ocasiones una reunión. No ha querido reunirse con nosotros. Le hemos presentado escritos. La última vez, en una entrega de premios en noviembre, al acabar el acto lo buscamos y le hablamos de nuestros intentos anteriores y nos dijo “volved a presentarlo, por favor, y os recibo”. Pues sigue sin llamarnos. Este último intento, sin acuse de recibo siquiera. En los anteriores al menos nos decían que “nos pondremos en contacto con ustedes en breve”.

 

El mantra del dinero público para la enseñanza pública no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. Eso tiene que llegar a la gente.

¿Y el trato con Marzà?

Marzà se ha reunido con la Mesa una vez 20 minutos. Le pedían una reunión. Como no les contestaba se lo dijeron a Puig por escrito, y éste obligó al conseller a recibirlos. Por imposición les recibió a las 14.30 en una salita, a desgana, en enero 2016. En mayo, tras una movilización masiva, Puig dijo que “no sabemos qué quiere la concertada”. Presentamos escrito para explicarle solicitando un encuentro, y vuelta a empezar con las peticiones. No hay voluntad de diálogo. La misma responsabilidad tiene el conseller y todo su equipo (secretario autonómico y directores generales) y el Presidente. No le excluimos (al presidente) de esa falta de diálogo y de la aplicación de posturas muy radicales.

¿Y qué explicación le encuentra a esta actitud?

Para ellos es una cuestión exclusivamente ideológica.

La Constitución y diversas leyes amparan la libertad de creación centros y la libertad de elección por parte de los padres del modelo educativo que consideren oportuno para sus hijos. No son privilegios. Ni se busca negocio, porque es más económico sostener una plaza en un concertado que en uno público. 50% de diferencia. De 2.800 a 5.000 y pico euros.

Al final lo que proponen (desde el Consell y el Gobierno) es una educación para ricos en los centros privados, y que los que no puedan pagárselos vayan impepinablemente a la pública. Sin derecho de elección. Pero hay un derecho constitucional, somos ciudadanos que pagamos impuestos igual que los demás. Ellos dicen “el dinero público para la pública”. ¡Y oiga, el dinero público también sale de mis impuestos. Y tengo mis derechos!

 

Si no quieren que haya conciertos, que cambien la legislación vigente o cambien la Constitución.

¿Ustedes segregan?

Todos los barrios tienen una composición social muy marcada. Socio-económica. El cuento de la segregación nos parece una excusa. Es al contrario: cuanto más reduzcas la capacidad de elección, más obligas a que todos los alumnos que de un centro sean de unas características socio-económicas iguales. Por lo tanto estás contribuyendo a lo contrario de a lo que teóricamente querías tender. No estás ampliando el espectro social sino reduciéndolo.

En el caso de Valencia, el gobierno municipal tripartito intenta aprobar en el Consejo Escolar Municipal la creación de zonas de proximidad al domicilio, estén o no en tu distrito, con un Mapa Escolar cuya adjudicación a la universidad está siendo analizada judicialmente. Pero nosotros estamos por la recuperación del distrito único.

¿Cómo espera que influyan las sucesivas campañas electorales que tenemos por delante en sus reivindicaciones?

El enconamiento político es permanente. Nosotros hacemos una reivindicación puramente cívica y social. Es cierto que hay partidos con los que puede haber más cercanía porque ellos se muestran favorables a nuestras propuestas. En FECAPA no vamos a pedir el voto, pero sí iremos a actos de partidos que hablen a favor de la libertad.

¿Cuántos “votos” son ustedes?

Teóricamente la concertada son 150.000 familias por lo menos.

 

Lo que proponen es una educación para ricos en los centros privados, y que los que no puedan vayan impepinablemente a la pública. Sin derecho de elección.

Hábleme de la campaña #YoElijo

Lo que queremos es que haya una conciencia social, que los políticos sean conscientes de que pueden estar en comunión o en enfrentamiento con ella, y a la que atiendan. Es nuestro único horizonte político. Pero la gente sabe quién está más o menos a favor.

Empezamos con la Mesa por la Educación en Libertad, que está en la trinchera del día a día frente a las nuevas políticas educativas desde diciembre de 2015. Ahí hay padres, sindicatos, universidades, las tres patronales, entidades …

Después Escuelas Católicas organizó la concentración de mayo 2016. Luego la Mesa y otras entidades y colegios con recortes de concierto se manifestaron en mayo de 2017. Cada entidad de las que componen el sector ha presentado recursos judiciales para su caso concreto.

Después surgió la iniciativa del Cardenal Cañizares, que lleva 3 años, y en este último año surgió la idea del Manifiesto de la mano de otro grupo, que podríamos llamar Junta, que se dedica a la concienciación social y a los principios.

 

Son sólo 21 aulas, dicen, pero para los afectados es como si fuera la única en el mundo.

La campaña, que desarrollamos con presencia en redes sociales, presencia en centros, y presencia en medios de comunicación, busca ampliar la base social y conseguir que el mensaje de los tribunales llegue a la gente: la concertada no es una red subsidiaria sino complementaria, y el mantra del dinero público para la enseñanza pública hay que sacarlo de la conciencia social porque no se ajusta al ordenamiento jurídico vigente. Eso tiene que llegar a la gente. Y si no quieren que haya conciertos, que cambien la legislación vigente o cambien la Constitución.

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