Caso Polop: testigo protegido, reuniones en un club y un asesinado por 50.000 €

La Fiscalía apunta a la "animadversión" que los cuatro acusados de ser los inductores del crimen del alcalde de Polop sentían hacia Alejandro Ponsoda como origen del encargo de su asesinado.

La representante del ministerio fiscal ha apuntado este martes a la "animadversión" que los cuatro acusados de ser los inductores del crimen del alcalde de Polop sentían hacia Alejandro Ponsoda como origen del encargo de su asesinato en el verano de 2007 mientras que las defensas han cuestionado al testigo protegido, al que atribuyen haber sido un confidente de la Guardia Civil.

Fiscalía y acusación particular piden 25 años para los acusados de idear y ejecutar el asesinato del alcalde, mientras que las defensas aseguran que no hay indicios racionales de criminalidad. Este martes se ha celebrado en la Audiencia provincial la primera sesión del juicio, ante un jurado popular, contra los siete acusados del crimen: cuatro inductores -el exconcejal de Urbanismo y exteniente de alcalde de Polop, Juan Cano, sucesor de Ponsoda; el empresario Salvador García y los dos responsables del local de alterne Mesalina de Finestrat donde se urdió el crimen- y tres autores materiales.

Sobre las 21.20 horas del 19 de octubre de 2007, Ponsoda fue tiroteado en las puertas de su domicilio, en la pedanía de Xirles, en tres ocasiones y a través de la ventana de su vehículo, aunque solo recibió un impacto. Ponsoda falleció el 27 de ese mismo mes en el hospital.

En sus razonamientos, tanto la Fiscalía como la acusación particular han afirmado que Ponsoda era una persona "buena, querida y humilde" pero Juan Cano, en colaboración con Salvador García, Ariel Alberto Gatto y Pedro Jesús Hermosilla -responsables del Mesalina-, "por la animadversión" que sentían hacia él, encargaron su asesinato a Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, por 50.000 euros.

Previamente, según los hechos relatados, Cano y los otros tres presuntos inductores e instigadores propusieron el asesinato por 35.000 euros al que luego se ha convertido en el testigo protegido y que se negó a realizar el encargo hasta en dos ocasiones.

Sin embargo, las defensas cuestionan precisamente al testigo protegido y el letrado de Cano, sucesor de Ponsoda y principal acusado de ser el inductor, también rechaza el móvil político porque alega que el exedil no tuvo ninguna intervención en la elaboración de las listas de 2003 y muestra "de su buena relación" es que ambos encabezaron la de 2007.

Fiscalía afirma que Ponsoda era una persona "buena, querida y humilde" pero Juan Cano, en colaboración con otras personas, encargó su asesinato a Raúl Montero Trevejo, Robert Franek y Radim Rakowski, por 50.000 euros

Además, este letrado, al igual que los del resto de los acusados, argumenta que los hechos no se corresponden con las diligencias practicadas y que hay una total ausencia de indicios racionales de criminalidad, por lo que procede el sobreseimiento y piden la libre absolución.

Otro móvil

Asimismo, el letrado de Cano, al igual que el resto de defensas, argumentan como posible móvil que el mismo día del crimen, el alcalde, que estaba siendo tratado de VIH y sífilis, acudió a una sauna de Benidorm y posteriormente participó en una conferencia sobre la prevención del sida en Polop. Una circunstancia que, aseguran, en el caso de haber sido fuente de un posible contagio "podría haber sido un posible móvil".

Sobre el testigo protegido, han destacado los múltiples antecedentes penales que tiene y han asegurado que es un confidente de la Guardia Civil. Han negado asimismo que trabajara en el club Mesalina en la fecha en la que se produjo el asesinato, "lo que hace imposible que pudiera oír la conversación sobre la conspiración" que presuntamente mantuvieron los inductores.

El letrado de Cano ha destacado los múltiples antecedentes penales que tiene el testigo protegido y ha asegurado que es un confidente de la Guardia Civil

Las defensas han alegado como prueba la demanda laboral que presentó este testigo el 4 de julio de 2008 y que demuestra que hasta entonces no trabajaba allí. En esta línea, el letrado de uno de los acusados de la autoría material, Ariel Alberto Gatto, asegura que la falta de pruebas llevó a los investigadores a presentar "por arte de magia" un testigo protegido "con múltiples antecedentes y de nula credibilidad". Se trata de "una fábula bien inventada", un intento por parte de la acusación de buscar "una cabeza de turco", ha dicho.

Por su parte, el letrado defensor de Salvador Ros ha mantenido que no tenía móvil, ni ningún tipo de interés comercial ni urbanístico con el alcalde de Polop y que "paradójicamente con quien tenía mala relación era con Juan Cano". El letrado ha indicado que su presencia en el club Mesalina comenzó en 2008 con motivo de la ruptura con su mujer.

En cuanto a las defensas de dos de otros dos procesados alegan que no se han encontrado las armas, ni huellas, ni vestigios" en sus clientes y las de dos de los presuntos autores materiales coinciden en que la causa fue archivada en junio de 2011, por falta de pruebas y han mostrado su queja ante la presunta criminalización que han sufrido por parte de los medios, lo que ha vulnerado el derecho a la tutela efectiva.

Conversaciones

La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, Cristina Costa, en el aparatado de cuestiones previas ha rechazado, para evitar la dilación del proceso, la petición de la defensa de Juan Cano y del resto de los acusados de la presencia de diferentes testigos, entre los destaca la del exsecretario del Ayuntamiento de Polop, que había declarado en la instrucción que Ponsoda le contó que le habían amenazado desde Valencia.

La magistrada sí ha admitido la incorporación de la transcripción "integra y completa" de las conversaciones telefónicas y los SMS entre dos testigos y que no figuran, pese a que se habían admitido como prueba.

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