El Supremo se blinda a las presiones de Podemos y obliga a Delgado a retratarse

Dos magistrados, Manuel Marchena y Andrés Palomo, tienen ya en sus manos el futuro procesal y político del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. Ajeno al ruido exterior y blindándose de las presiones ejercidas por Podemos desde el minuto uno, el Tribunal Supremo se ha puesto manos a la obra este mismo jueves con la exposición razonada remitida por la Audiencia Nacional sobre el caso Dina.

Sin dilación alguna, a la sede del Supremo en la madrileña Plaza de la Villa de París ha llegado ya la decisión del magistrado Manuel García Castellón. Y sin dilación también, el Alto Tribunal ha movido ficha y ha activado su protocolo habitual en estos casos. Un protocolo que convierte desde ya en protagonista a la fiscal general, Dolores Delgado, a la sazón exministra de Justicia de Pedro Sánchez.

Sin duda, la polémica está servida. Del informe que la Fiscalía del Supremo presente en los próximos días sobre la investigación sobre Iglesias y su posible autoría de los tres delitos que García Castellón le atribuye -revelación de secretos, denuncia y acusación falsa y daños informáticos- depende el futuro político del número tres del Ejecutivo.

Es decir, si el departamento de Delgado pide el archivo de la causa y la devuelve a la Audiencia, o si defiende su imputación y abre la puerta así al suplicatorio de Iglesias, dada su condición de aforado.

El declive de Pablo Iglesias, el cazador cazado en su propia trampa

La incógnita ahora, según explican a ESdiario fuentes fiscales, radica en el mecanismo para la decisión preliminar que adopte Dolores Delgado a partir de este mismo jueves. Puede encargar el caso Dina al fiscal jefe del Supremo, Luis Navajas, o convocar a la Junta de Fiscales de Sala. Varios miembros de la cúpula del Ministerio Público ya han adelantado que pedirán la reunión del sanedrín de la cúspide de la Fiscalía.

Pablo Iglesias, este jueves durante su comparecencia en el Senado.

La exposición razonada del juez Manuel García Castellón ya está sobre la mesa del alto tribunal, que pide a la Fiscalía que informe sobre la competencia y sobre si existen indicios para comenzar a investigar a los aforados, Iglesias y la vicepresidenta segunda del Congreso, Gloria Elizo.

Por el momento, de lo que depende del Tribunal Supremo, el trabajo está ya en marcha. El magistrado Andrés Palomo ha sido designado como instructor y ponente del expediente y el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, presidirá la Sala que abordará la causa.

Junto a ambos, decidirán sobre el vicepresidente los magistrados Eduardo de Porres, Ana Ferrer y Andrés Martínez Arrieta. Palomo, Ferrer y Martínez Arrieta están adscritos a la corriente progresista de la judicatura.

Dada la trascendencia del caso, según han explicado a este periódico fuentes del Poder Judicial, el Supremo está dispuesto a acelerar los plazos garantizando la tutela judicial efectiva. En cualquier caso, el futuro de Pablo Iglesias está ahora ya en manos de Dolores Delgado.

Iglesias manda un "recado" a Marchena

A la campaña de Podemos contra los jueces se ha sumado este jueves el propio Iglesias con un vaticinio que ha sonado a mensaje al Supremo.

El vicepresidente se ha reafirmado en que el Tribunal Supremo no le imputará por los delitos de los que le acusa el juez García Castellón. Un hecho que según el líder morado el PP sabe pero que, sin embargo, "utiliza y utilizará para cargar contra él y el Gobierno sólo para desgastar".

"Ustedes tienen que decir lo que tienen que decir pero saben que lo que dijo la Audiencia Nacional hace dos semanas y lo que va a decir el Tribunal Supremo", ha insistido Iglesias en una comparencia en el Senado, augurando que cuando el Alto Tribunal hable, en el PP "callarán" y esperarán al siguiente "escándalo", "que seguro que llegará".