Hacienda alerta sobre el derroche de los presupuestos de Ximo Puig

Ximo Puig en les Corts Valencianes, imagen de archivo

Ximo Puig en les Corts Valencianes, imagen de archivo

Cuatro apartados de la ley de presupuestos del ejecutivo valenciano podrían resultar inconstitucionales, según el Gobierno central.

A tres días de las elecciones autonómicas, las cosas se le complican al gobierno del Botànic y, en especial, a Ximo Puig. El motivo, el derroche en los presupuestos del ejecutivo valenciano.

Según publica el periódico "Las Provincias", el Gobierno de Pedro Sánchez, a instancias del Ministerio de Hacienda, ha impugnado la ley de presupuestos de la Generalitat de 2019"por exceso de gasto". Cuatro de los apartados de dicha ley, podrían ser inconstitucionales, según Hacienda, y exactamente tres de los cuatro apartados que se ponen en cuestión tienen que ver con incrementos de gasto, o la posibilidad de llevarlos a cabo, que el Gobierno central considera que no se ajustan a la ley. Los dos gobiernos  iniciarán ahora un proceso de negociación que, en el caso de no prosperar, podría acabar con la ley de presupuestos recurrida ante el Tribunal Constitucional. 

El primero de los artículos cuestionado afecta el régimen retributivo del personal laboral de la administración autonómica. El apartado viene a dar pie a incrementos salariales del personal laboral por encima de los que autoriza la norma básica si se financian con subvenciones externas.

El Gobierno también cuestiona la disposición adicional vigésima sexta del presupuesto, que mantiene, durante 2019, el proceso de implantación progresiva del complemento de carrera profesional del personal funcionario y laboral fijo de administración y servicios de las universidades públicas iniciado en 2017. El ministerio de Política Territorial y Función Pública, que dirige Meritxell Batet, remarca que se fija un importe del 100 por ciento -en 2018 el porcentaje se estableció en el 66%- y advierte de que ese "deslizamiento retributivo" sólo podría considerarse ajustado a la normativa básica "si su importe global puede financiarse con cargo a los límites de incremento retributivo establecidos" en el decreto ley que advierte de que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25%  respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018.

El tercer apartado referido al gasto y que cuestiona la administración central es el de la disposición adicional trigésima séptima, "que modifica los complementos específicos de los puestos de trabajo del cuerpo de médicos forenses adscritos a los institutos de medicina legal de Alicante, Castellón y Valencia". El Gobierno avisa de que esos aumentos retributivos tampoco pueden superar el 2,25% que fija el decreto sobre retribuciones en el sector público.

El cuarto apartado cuestionado no afecta a un posible exceso de gasto, sino a que la Generalitat podrá "autorizar la modificación de todos aquellos contratos en vigor que incluyan cláusulas de precio aplazado, con el fin de que el aplazamiento previsto pueda ser objeto de prórroga". El Gobierno central recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público "prohibe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones públicas".

Compromís aprieta al PSPV y le acusa de "dejar sin legitimidad" la financiación

Por otra parte, la diputada Mireia Mollà (Compromís), que este miércoles realizó su última intervención en Les Corts Valencianes ya que no figura en las listas de las elecciones autonómicas y será candidata a la alcaldía de Elche, denunció el uso electoralista que se está haciendo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y la financiación. Mollà criticó los escasos avances logrados y avanzó que su formación no tolerará más silencios ni retrasos en la reforma del sistema. Además, recordó que todas las fuerzas pidieron que el FLA llegase el primer mes de cada ejercicio. Un punto que señaló que ahora no parece recordar el PSPV.

El conseller de Hacienda del Gobierno valenciano, Vicent Soler, optó por no seguir el juego a Compromís y en todo momento defendió la posición de su partido y de Pedro Sánchez. El conseller remarcó que el dinero del FLA llegó a la Comunitat el pasado 13 de abril, "bastante más pronto que otros años", y no conllevará "ningún recorte efectivo para los valencianos, como tampoco los hubo en el ejercicios anteriores". Por ello, negó que haya ningún retraso en la percepción del FLA, sino que ha llegado "mucho más pronto" que otros años "gracias al esfuerzo del gobierno del Botànic y al compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para paliar temporalmente la situación de infrafinanciación que padecemos".

 

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