Pedro Sánchez tiene que destituir ya a Alberto Garzón y librarse de Podemos

El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, hizo ayer una de las más graves acusaciones que se recuerdan en mucho tiempo: dijo, nada menos, que en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pueden existir  “elementos reaccionarios que asuman como propio el discurso que invita al Golpe del Estado.

Es obvio que en España nadie quiere ni alienta un Golpe de Estado, una posibilidad lamentable de la que solo hablan quienes dicen repudiarlo: si alguien ha adoptado un lenguaje guerracivilista, impropio de un país ejemplar en el salto de la dictadura a la democracia, es la parte del Gobierno que hace nada se manifestaba en las calles y ahora mantiene ese discurso frentista desde las instituciones.

Pero nadie más está en eso, es un  bulo  inaceptable que tuvo que desmentir la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. La cuota razonable de un Gobierno sectario se vio forzada a insistir en algo que ya parecía superado: el carácter democrático y constitucional de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Guardia Civil y de nuestra Policía. Que son tres de las instituciones más valoradas por los españoles.

¿Pero y Sánchez? ¿Dijo algo el presidente? Nada. Y éste es el auténtico problema. Porque lo verdaderamente grave es tener a un jefe del Ejecutivo que, tras escuchar semejantes excesos, no destituye en el momento a ministros como Garzón. Al revés: incluye a su jefe, Pablo Iglesias, en el CNI.

Si en España  hay un movimiento involucionista, está en el Consejo de Ministros, con dirigentes que un día denigran al Ejército o la Guardia Civil y otro alimentan caceroladas contra el Rey o pisotean el prestigio y la vigencia de la Constitución.

No se puede ser ministro de España con esas ideas y esos discursos. Pero tampoco debería poderse ser presidente si, tras escucharlas de manera tan reiterada, se incumple con la obligación elemental de retirar todo cargo y toda competencia a los autores de esos desprecios que tanto están tensionando la democracia española.