29 de septiembre de 2020
DIRECTOR ANTONIO MARTÍN BEAUMONT

Imputan a cuatro exconsejeros de Artur Mas y arruinan sus ansias de regresar

Artur Mas y Quim Torra.

Artur Mas y Quim Torra.

En un auto demoledor, el juez de la Audiencia Nacional abre una pieza separada por blanqueo de comisiones ilegales a Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías.

La Justicia ha echado este miércoles un jarro de agua helada sobre los delirios de Artur Mas de regresar a la política catalana. Por que, finalizada su inhabilitación por la consulta ilegal del 9-N, el expresidente  no ha dejado de coquetear con su posible candidatura a las anunciadas y no convocadas elecciones autonómicas.

Y es que, pese a enterrar voluntariamente sus siglas primero en el PDeCAT y luego en Junts, se han reaparecido los viejos fantasmas de Convergencia. En concreto, la trama de comisiones ilegales del 3%.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado a los exconsejeros del gobierno de Mas Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau y Pere Macías por presunto blanqueo de capitales procedentes de las comisiones ilegales supuestamente cobradas por dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha acordado abrir pieza separada del caso de la supuesta financiación irregular de CDC para investigar a estos exconsejeros y a otras ocho personas, entre las que hay exdirigentes del partido y empresarios.

Además de los cuatro miembros del gabinete de Artur Mas también se investiga a excargos de Convergencia como Xavier Crespo, Montserrat Candini, Carles Flamerich, Marc Guerrero, Víctor Vila, Jordi Moltó, Gloria Renom y Eduard Freixedes.

El juez de la Mata considera que hay indicios de que las donaciones que los investigados hicieron al partido, entre los años 2009 y 2010, eran "actos de afloramiento de dinero procedente de delito realizado por personas próximas a CDC siguiendo el plan superior trazado por jerarcas del partido".

El fiscal pidió la imputación de los exconsejeros y de los cargos del CDC al estimar su presunta participación en "algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresa y justifica fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares". Y sospecha que "las aparentes donaciones al partido político que realizaron estas personas" eran "dinero procedente de delito".

En su demoledor auto, el juez afirma que los imputados no son "un grupo de personas concertados para la comisión de un acto delictivo" sino "una estructura estable, permanente y sostenida en el tiempo, con un patrón de funcionamiento cuidadosamente planificado e implementado por los responsables del área económico – financiera de Convergencia, para financiar ilícitamente al partido político mediante la venta de influencias en la adjudicación de contratos públicos".

"Pagos corruptos"

Según de la Mata, estos "pagos corruptos" se realizaban en ocasiones a cambio de concretas adjudicaciones de concursos públicos, alterándose en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación, mientras que en otros casos "se hacían simplemente para congraciarse con el partido y sus responsables, con el fin de mantener una buena relación con estos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones".

"Todos y cada uno de los actores necesarios para cerrar el círculo de actividad delictiva han desarrollado acciones dirigidas a un solo fin: subvertir el Estado de Derecho y, mediante un intenso abuso de poder, usar la dirección de las administraciones para obtener un beneficio y lucro ilícito, personal y mercantil en el caso de los empresarios, y organizacional en el caso concreto del dirigente del partido político, consiguiendo una financiación ilegal para el mismo, acarreando un grave descrédito a la administración pública y un perjuicio al propio erario público", afirma.

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