Las defensas reclaman al tribunal que anule la principal prueba del caso Gürtel

Nueve años después de que el ex juez Baltasar Garzón arrancara la instrucción comienza el juicio por el caso Gürtel, uno de los principales sumarios que han sobrevolado la vida interna del PP en los últimos tiempos. La vista oral ha arrancado este martes con las llamadas cuestiones previas. El supuesto pacto de alguno de los acusados con la Fiscalía y la validez jurídica de las grabaciones telefónicas que sustentan la causa han protagonizado el primer día del macroproceso.

En este sentido se ha manifestado el abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas, que ha insinuado que tres de los acusados en el juicio de la primera época de la trama han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, ya que la representante del Ministerio Público ha solicitado este martes durante su exposición de cuestiones previas que sean los primeros en declarar.

Se trata de los empresarios Jacobo Gordon y Alfonso García-Pozuelo Asins y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández. Si el tribunal acepta la solicitud de Anticorrupción, después de ellos declarará Correa, siguiendo el orden fijado en el escrito provisional de acusación de la Fiscalía.

Por lo demás la jornada ha servido para que todos los abogados defensores hayan solicitado la nulidad de la prueba que sustenta las acusaciones.

El primero en enarbolar ese recurso ha sido Miguel Durán, abogado del exsecretario del PP en Galicia Pablo Crespo. A esta tesis se ha sumado después la defensa de la trabajadora y administradora de empresas de Francisco Correa, Isabel Jordán, que ha afirmado que la pieza dedicada a la primera época de la trama Gürtel "no debería iniciarse, ni siquiera existir".

El abogado Gustavo Galán ha afirmado que se adhiere a todas las peticiones que hagan las defensas del resto de acusados que tengan relación con Jordán.

Galán ha explicado que Jordán no tenía el ámbito de sus actuaciones concretada, ya que no "es una administradora real, sino formal". Según el letrado, está dando lugar a "sentencias contrarias" en las distintas piezas de la trama. Asimismo, ha defendido que el derecho a la defensa ha sido vulnerado, ya que tiene que atender, preparar y person ase en todas las piezas separadas en las que aparece como investigada.

Del mismo modo, los abogados de la encargada de facturación y de la gestión contable y financiera de la empresas de la trama, Alicia Mínguez, y del exvocal del PP en la Junta del distrito madrileño de Moncloa Javier Nombela se han adherido también a las cuestiones previas del resto de acusados que favorezcan a sus defendidos.

En la misma línea que Jordán han solicitado la dispensa de asistencia de las sesiones previstas durante el juicio para evitar su despido de las empresas en las que actualmente trabajan, ya que tienen que seguir sustentando los gastos familiares como el pago de hipotecas o de colegios.

Por su parte, el abogado del exconcejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, Javier Gómez de Liaño, ha solicitado que el exalcalde de la localidad Antonio Barrientos testifique por videoconferencia.

En cuanto al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, su defensora ha protestado ante el tribunal por las dificultades de su cliente para tener acceso a la causa, debido a los problemas sufridos con las claves facilitadas para ello. "Sabe la acusación que se le hace pero no podía tener acceso al expediente", ha dicho.